El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falla a favor de una docente que reclamó su plaza en las oposiciones de 2022. La Consejería de Educación modifica la orden pertinente para que realice su fase de prácticas en la provincia de Soria durante este curso.
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado una modificación administrativa que responde a un mandato judicial directo proveniente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. La Consejería de Educación ha tenido que rectificar la orden de nombramientos de funcionarios en prácticas derivada del proceso selectivo de 2022 para incluir a una aspirante que ha visto reconocidos sus derechos en los tribunales, asignándole la provincia de Soria como destino para completar su formación.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del TSJCyL ha estimado el recurso presentado por una docente reconociendo su mejor derecho a ser seleccionada en el procedimiento de ingreso al cuerpo de maestros por la especialidad de Educación Primaria. Este fallo judicial, que adquirió firmeza el pasado 20 de noviembre, corrige la resolución administrativa previa y obliga a la administración regional a reordenar el listado de aprobados de aquella convocatoria de hace tres años.
En cumplimiento de la sentencia, la Dirección General de Recursos Humanos ha procedido a incluir a la opositora en el anexo de seleccionados con una puntuación total de 7,5833 puntos. Esta calificación la sitúa en el escalafón inmediatamente después de la última seleccionada por el turno libre en aquel proceso. La orden publicada determina explícitamente que la fase de prácticas, requisito indispensable para adquirir la condición de funcionaria de carrera, se llevará a cabo en la provincia de Soria durante el presente curso escolar 2025/2026.
El reconocimiento judicial conlleva significativos efectos retroactivos para la interesada. Según detalla el texto oficial, el nombramiento tiene efectos administrativos y económicos desde el 1 de septiembre de 2022. No obstante, la administración matiza que de las cantidades a percibir se deberán deducir los ingresos que la docente haya podido recibir durante este tiempo si ha ejercido como maestra interina o en cualquier otra actividad incompatible con su nuevo estatus funcionarial.
Una vez superado este periodo de prácticas, la Consejería elevará la propuesta al Ministerio para su nombramiento definitivo como funcionaria de carrera. En este caso, la antigüedad también se reconocerá con efectos retroactivos al 1 de septiembre de 2023, salvo que existan aplazamientos, cerrando así un capítulo administrativo que ha requerido la intervención de la justicia ser resuelto.