La institución que preside Tomás Quintana considera que el servicio actual es insuficiente y pide nuevamente declarar esta área como Zona Farmacéutica Especial. El dictamen subraya que vivir en el medio rural no puede suponer una merma en el acceso a la salud.
El afán de los vecinos de Tierras Altas por recuperar servicios básicos ha recibido apoyo institucional. La plataforma de apoyo para la reapertura de la farmacia de Villar del Río ha visto respaldadas sus reivindicaciones tras años de gestiones, reuniones y negativas por parte de la Administración regional.
El colectivo vecinal, que lleva movilizado tras el cierre del establecimiento en marzo de 2018, ha defendido ante el Procurador del Común que la solución actual propuesta por la Junta es, a todas luces, deficitaria. Según argumentan en el colectivo, el botiquín farmacéutico actual no cubre las necesidades reales de una población envejecida y dispersa.
Los vecinos han trasladado a la institución que la distancia con la farmacia de referencia, situada en San Pedro Manrique, supone una barrera insalvable para muchos residentes. Aunque la distancia oficial es de 12 kilómetros, desde algunas localidades del valle el trayecto supone hasta una hora de viaje entre ida y vuelta por carreteras de montaña, según afirman.
La plataforma denuncia que el botiquín actual dispone de unas existencias mínimas, limitadas básicamente a fármacos con receta, eliminando el acceso inmediato a medicinas de venta libre, productos de higiene o el consejo de un farmacéutico profesional. Además, el horario reducido obliga a los usuarios a organizar viajes comunitarios para abastecerse, lo que puede llegar a ocultar las estadísticas que maneja la Consejería.
Frente al argumento de la baja rentabilidad económica esgrimido por la administración, la plataforma sostiene que la zona del Valle del Cidacos vive un momento de cambio. Para ello ponen como ejemplo que se ha logrado frenar la sangría demográfica con la llegada de nuevas familias, niños en edad escolar y mujeres que esperan hijos, lo que hace aún más urgente la recuperación del servicio.
Asimismo, recuerdan que existe interés profesional por el puesto. Según la documentación aportada, hasta nueve farmacéuticos han manifestado por escrito su deseo de optar a la plaza si esta saliera a concurso. Los ayuntamientos de la zona, por su parte, han comprometido ayudas económicas y vivienda para facilitar la llegada del nuevo boticario, lo que refleja que la viabilidad del proyecto va más allá de los ratios poblacionales al uso.
En la resolución dictada por la institución que encabeza Tomás Quintana, queda reflenado que la Consejería de Sanidad debe autorizar la reapertura en la localidad. El dictamen se muestra en contra de los argumentos estadísticos dados por la Administración regional y apela a la equidad en el acceso a los servicios públicos.
En su escrito, el Procurador recuerda a la administración que residir en una zona con baja densidad de población "no puede constituir un obstáculo para poder acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad". La resolución advierte que la falta de prestaciones esenciales contribuye directamente al abandono de los pueblos y genera una brecha injustificable entre el medio rural y el urbano.
El texto recuerda que ya en octubre de 2022 fue recomendado valorar la declaración de la demarcación como Zona Farmacéutica Especial, una figura legal que permite abrir boticas en áreas que no cumplen el ratio de habitantes (1.800 vecinos) si existen circunstancias geográficas o demográficas singulares.
A pesar de que la Consejería aceptó parcialmente aquella recomendación y se comprometió en 2020 a estudiar el caso, la realidad es que no se han producido avances. La reciente Orden de 2024 que actualiza el mapa farmacéutico mantiene a Villar del Río en la misma situación que hace quince años, ignorando las peticiones de esta zona de la demarcación de Tierras Altas.
La resolución final insta a la Consejería de Sanidad a ejecutar dos acciones concretas:
El Procurador concluye señalando que resulta "comprensible" la demanda constante de la población ante la evidente pérdida de calidad asistencial sufrida durante los últimos siete años. La Consejería dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar si acepta o rechaza esta nueva resolución.
La resolución puede ser consultada aquí o bajo estas líneas.