El Consejo autonómico denuncia los atascos generados por el nuevo modelo organizativo derivado de la Ley de Eficiencia. La institución señala que la reestructuración provoca graves perjuicios económicos a los despachos y desigualdades para la ciudadanía del medio rural.
El inicio del año judicial en la Comunidad viene marcado por la incertidumbre y las reivindicaciones de los togados. Tras un ejercicio caracterizado por una intensa actividad legislativa, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación que atraviesan los juzgados. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia ha traído consigo un nuevo modelo organizativo que, según los letrados, está provocando un considerable atasco judicial.
La institución colegial teme que este panorama derive en un "colapso en los tribunales" de no ser adoptadas medidas correctoras inmediatas. El presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, señala los riesgos que implica la reciente reestructuración para el funcionamiento diario de la Administración de Justicia y, por ende, para el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos castellanoleoneses.
Junto con los problemas organizativos, el Consejo ha puesto incidido en las desigualdades territoriales que se están generando, advirtiendo que las reformas están penalizando especialmente a los partidos judiciales del espectro rural, obligando a desplazamientos que dificultan el acceso a la justicia para una parte significativa de la población.
El principal foco de tensión reside en la implantación de los tribunales de Instancia, un proceso que se ha llevado a cabo progresivamente entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de este año. Este cambio supone la desaparición de los juzgados unipersonales tradicionales, sustituyéndolos por una estructura colegiada más compleja.
"Existe una inquietud creciente ante el atasco que ya se está produciendo y el previsible colapso que esta reestructuración puede generar, ya que el nuevo modelo exige una organización de mayor complejidad", ha explicado Rodríguez Santocildes. El presidente ha advertido de que la ralentización tendrá un impacto directo en la economía de los despachos profesionales debido a la dilación de los procedimientos.
Uno de los puntos más críticos señalados por el CACYL es la denominada 'comarcalización' de los juzgados, que afecta directamente a las provincias de León y Valladolid desde el pasado 1 de enero. Esta medida centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer exclusivamente en las capitales de provincia y en Ponferrada, eliminando la atención en el resto de partidos judiciales.
Esta decisión obliga a las víctimas a realizar largos viajes para prestar declaración. "Esto genera desigualdades en función de dónde residan", ha asegurado el presidente del Consejo. La asunción de nuevas competencias sobre delitos contra la libertad sexual por parte de estos órganos agrava la situación, incrementando notablemente la carga de trabajo y dejando a la ciudadanía de las zonas rurales en una "clara situación de inferioridad".
Para mitigar los efectos de la dispersión geográfica, la abogacía propone reforzar las oficinas municipales de Justicia. El objetivo es convertirlas en "verdaderos puntos tecnológicos de atención" que permitan realizar trámites sin necesidad de desplazamiento físico a la cabecera del partido judicial.
En este sentido, el CACYL aboga por la colaboración con las diputaciones provinciales para dotar a estas oficinas de medios suficientes. Asimismo, los letrados reclaman una mejora en la interoperabilidad de los sistemas informáticos entre las diferentes comunidades autónomas para evitar que la digitalización se convierta en una barrera que retrase los procesos.
Más allá de la organización judicial, el año 2026 comienza con frentes abiertos en el ámbito laboral de los abogados. El CACYL mantiene su exigencia de una "dignidad en la jubilación", reclamando la aprobación de la pasarela al RETA para los mutualistas. "Un abogado que ha defendido los derechos de los demás durante 40 años no puede ser abandonado por el sistema al jubilarse", ha sentenciado Rodríguez Santocildes.
Por otro lado, el sector insiste en la necesidad de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que actualice las remuneraciones del Turno de Oficio. Especial malestar ha generado la falta de pago en los procedimientos de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), obligatorios desde abril, que los profesionales están realizando "sin recibir compensación económica".
Todas estas cuestiones serán debatidas en profundidad durante el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se celebrará en la ciudad de Zamora el próximo mes de mayo.