El BOP publica el nuevo convenio del sector en la provincia con vigencia 2022-2027 y subidas salariales que llegan hasta el 4,5 %. El acuerdo incluye mejoras en dietas, festivos y cláusulas de subrogación adaptadas a la ruralidad.
El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy el nuevo marco regulador que garantiza subidas salariales progresivas hasta 2027 para los conductores y personal del transporte de viajeros. El texto contempla efectos retroactivos desde 2022 y asegura la estabilidad en un sector determinante para la vertebración territorial de una provincia marcada por la dispersión geográfica.
La Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Soria ha dado luz verde definitiva este miércoles, 14 de enero, al texto articulado que regirá las relaciones laborales en el sector del transporte de personas viajeras por carretera durante los próximos años. Tras la firma del acuerdo el pasado diciembre entre los representantes de los trabajadores, encabezados por UGT y CCOO, y la parte empresarial con FOES, ASOBUS y ASOTRABUS, la publicación oficial activa la vigencia de un convenio que nace con vocación de largo recorrido, abarcando un periodo de seis años y que concluye el 31 de diciembre de 2027. Se trata de un documento que llega para actualizar las condiciones económicas de una plantilla esencial para la movilidad en el mundo rural, estableciendo una paz social necesaria mediante la actualización de tablas salariales que llevaban tiempo pendientes de revisión.
El aspecto más relevante del documento reside en el incremento de las retribuciones, que se ha pactado de manera escalonada y con carácter retroactivo para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos ejercicios. De este modo, las nóminas experimentarán una actualización del 3 % correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 respectivamente, si bien sube al 4 % para los ejercicios de 2024 y 2025.
El acuerdo contempla ascensos más pronunciados para la recta final de su vigencia, fijando un incremento del 4,5 % tanto para el presente 2026 como para 2027. Además, se ha incluido una cláusula de garantía vinculada al IPC (Índice de Precios al Consumo), de tal manera que si la inflación de 2027 superase el porcentaje pactado, se aplicaría una corrección adicional del 0,25 % con efectos a enero del año siguiente.
Junto a las tablas salariales, el convenio introduce mejoras en los complementos a percibir cuando se desempeñe esta labor en fechas señaladas, reconociendo la prestación del servicio cuando la mayoría descansa. Así las cosas, aquellos empleados que deban estar al volante en jornadas tan significativas como el 1 de enero o el 25 de diciembre recibirán una compensación especial de 60 euros, mientras que para el resto de los doce festivos anuales la cuantía se ha fijado en 50 euros. También han sido actualizadas las dietas para los desplazamientos, estableciendo desde mediados del pasado año unas asignaciones de 14 euros para comida o cena en servicios regulares y de 20 euros en los discrecionales.
En materia de protección social, el texto avanza significativamente en la cobertura de las bajas por enfermedad profesional o accidente de trabajo. A partir de este año, las empresas complementarán la prestación hasta alcanzar el 100 % del salario real desde el duodécimo día de la baja, mejorando la cobertura anterior que iniciaba este complemento en el día treinta. Asimismo, se mantiene la jornada anual máxima en 1.792 horas y se consolidan los 31 días naturales de vacaciones, con el fin de favorecer la conciliación en un sector que, por su propia naturaleza, exige una disponibilidad horaria compleja.
El acuerdo dedica un apartado extenso y pormenorizado a la subrogación de trabajadores, una cuestión vital en una provincia como Soria donde el transporte escolar y las líneas regulares de uso general son a menudo la única conexión para los pueblos. De este modo queda reconocida la singularidad de la ruralidad tanto en la provincia como en Castilla y León, admitiendo que la baja densidad de población y la dispersión de los núcleos habitados obligan a un modelo de transporte diferenciado al de otros territorios. Por ello, han sido establecidos los mecanismos para que, cuando una empresa concesionaria cambie una ruta, los conductores adscritos a la misma mantengan su puesto de trabajo, garantizando así no solo el empleo, sino la continuidad de un servicio público que resulta indispensable para asegurar el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación en el entorno rural.
La resolución, en este enlace.