El sindicato advierte de la paralización de la actividad judicial en la provincia apenas dos semanas después de la entrada en vigor de la reforma. La organización señala la falta de previsión y la ausencia de recursos materiales como las causas principales del bloqueo administrativo.
El sector de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado esta tarde de jueves sobre la situación de bloqueo que atraviesan los órganos judiciales de la provincia. Transcurridas dos semanas desde la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, el sindicato denuncia un "grave colapso organizativo" derivado de la aplicación de la Ley de Eficiencia Organizativa. Según la organización sindical, la normativa ha sido ejecutada sin un análisis previo de las necesidades reales de Soria y carece de la dotación presupuestaria necesaria.
La crítica se centra especialmente en la gestión del Ministerio de Justicia, al que acusan de imponer una reestructuración basada en directrices centralistas que ignoran la realidad territorial. Esta situación afecta de manera directa a los partidos judiciales de Soria, El Burgo de Osma y Almazán, donde la falta de adaptación previa está generando disfunciones diarias en el servicio público.
Uno de los puntos más críticos señalados por el sindicato es la inadecuación de los edificios históricos para albergar el nuevo modelo. En el caso de la capital, CCOO asegura que en el Palacio de los Condes de Gómara "se pueden ver armarios y mobiliario por el patio", además de expedientes que no han llegado a sus destinos correspondientes, lo que ha provocado un "considerable parón de la actividad judicial".
A las barreras arquitectónicas el sindicato añade el caos tecnológico. Los trabajadores reportan fallos en los sistemas de comunicación, con teléfonos inoperativos y un directorio de correos electrónicos sin actualizar. "Si antes era difícil para la ciudadanía y los profesionales obtener información sobre sus asuntos, ahora el sistema se ha convertido en un auténtico laberinto", lamentan en la organización sindical.
CCOO, sindicato que no suscribió el acuerdo con el Ministerio, insiste en que el problema de la Justicia española es estructural y no meramente organizativo. Basándose en informes de 2023, recuerdan que el sistema requiere la creación de al menos 400 nuevos juzgados y no una simple redistribución de efectivos "a coste cero".
Además, han denunciado el abandono de la plantilla, que no ha recibido formación presencial para adaptarse a los cambios y carece de instrucciones claras. La incorporación de técnicos informáticos en diciembre se considera "tardía e insuficiente" para resolver las incidencias de los programas de gestión.
El sindicato concluye que esta implantación acelerada responde a la necesidad de justificar fondos europeos antes del cierre del ejercicio anterior, sin que dicha inversión repercuta en una mejora real de las condiciones laborales o del servicio al ciudadano. Por ello, exigen una "planificación real basada en datos objetivos" y una inversión urgente en infraestructuras y personal.