La Junta de Castilla y León aprueba un nuevo paquete de ayudas para familias y pymes afectadas por incendios y da luz verde al decreto de teletrabajo. Además, se destinan 2,1 millones de euros a la digitalización turística y se refuerza la promoción internacional de productos agroalimentarios.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se ha reunido este jueves, 15 de enero, para dar luz verde a un paquete de medidas que abarca desde la respuesta social ante catástrofes hasta la modernización administrativa. En una sesión marcada por la diversidad de expedientes, el Ejecutivo regional ha aprobado nuevas partidas económicas destinadas a paliar los efectos de los incendios forestales, al tiempo que ha establecido un nuevo marco normativo para el teletrabajo de los empleados públicos y ha inyectado fondos para la digitalización del sector turístico.
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha dado cuenta de la concesión de un nuevo bloque de ayudas directas para las familias que se vieron obligadas a desalojar sus viviendas a causa del fuego. En concreto, se trata de 278 ayudas de 500 euros cada una, lo que supone un desembolso total de 139.000 euros. Esta medida busca aliviar los gastos extraordinarios que tuvieron que afrontar los vecinos afectados en los momentos más críticos de las emergencias forestales.
De forma paralela, y poniendo el foco en el tejido productivo, la Consejería de Economía y Hacienda ha aprobado ayudas para siete autónomos y pymes de las provincias de León y Zamora cuya actividad quedó interrumpida por las llamas. Con este nuevo pago de 38.500 euros, la Administración autonómica suma ya casi 600 beneficiarios en esta línea de subvenciones, alcanzando un montante global que supera los 3,2 millones de euros destinados a reactivar las economías locales dañadas por los siniestros.
En el ámbito de la función pública, la Junta ha aprobado un decreto que refuerza la modalidad del teletrabajo, vinculándolo estrechamente a la capacitación digital y a la consecución de objetivos. La nueva norma, que busca modernizar la Administración, pone un énfasis especial en la conciliación de la vida personal y familiar, así como en la protección de colectivos vulnerables. Asimismo, el texto destaca la importancia de favorecer la residencia de los empleados públicos en el medio rural, una medida que podría tener impacto en provincias despobladas como Soria.
El sector turístico, vital para la economía de la Comunidad, recibirá un impulso de 2,1 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Esta inversión, gestionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se destinará a la contratación de cursos de formación en competencias digitales. El objetivo es que pymes, trabajadores y jóvenes vinculados al turismo puedan actualizar sus conocimientos y mejorar la competitividad de un sector en constante evolución tecnológica.
Durante la reunión también se ha hecho balance de la gestión del Instituto de la Competitividad Empresarial (ICECYL), que ha cerrado el ejercicio 2025 con cifras récord. Según ha informado el Gobierno regional, se han concedido 1.250 ayudas a empresas, lo que representa un incremento del 4 % respecto al año anterior, movilizando una inversión privada superior a los 167 millones de euros. Además, se ha destacado la reducción en los tiempos de tramitación administrativa.
Mirando hacia el exterior, se ha autorizado un gasto superior al millón y medio de euros para promocionar los productos agroalimentarios de la Comunidad en mercados internacionales. La estrategia incluye la presencia en ferias de Singapur y la organización de encuentros profesionales en ciudades de Japón, Corea y China, así como en Reino Unido, Holanda y Bélgica. En el ámbito nacional, se ha confirmado la presencia de 'Tierra de Sabor' en la próxima Barcelona Wine Week, donde participarán cerca de 80 bodegas de la región.
Finalmente, el Consejo de Gobierno ha querido mostrar su respaldo institucional a las candidaturas de León y Salamanca para acoger la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, comprometiendo apoyo económico si alguna de las dos ciudades resulta elegida. En materia tecnológica, se han aprobado inversiones por valor de más de un millón de euros para reforzar la ciberseguridad y el rendimiento de los servicios digitales que utiliza la ciudadanía.