La Red SSPA y FOES rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno por basarse en criterios poblacionales que perjudican a las zonas despobladas. Advierten que ignorar el sobrecoste de los servicios en el medio rural creará un círculo vicioso que acelerará la pérdida de población en Soria, Cuenca y Teruel.
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), integrada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, ha manifestado este viernes su «oposición frontal» al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. Según las organizaciones empresariales, el planteamiento del Ministerio de Hacienda ignora deliberadamente la realidad de los territorios con baja densidad demográfica y profundiza en las desigualdades territoriales.
La entidad, que actúa como lobby en defensa de las provincias más despobladas, sostiene que el borrador presentado se apoya prioritariamente en criterios de población y actividad económica. Esta fórmula, a su juicio, deja de lado factores determinantes como la despoblación extrema, la dispersión territorial, el envejecimiento o el sobrecoste real que implica la prestación de servicios públicos en estas zonas.
Desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), su directora general, Mª Ángeles Fernández, ha explicado que el error fundamental del modelo reside en calcular las cantidades a recibir por habitante sin considerar los costes fijos.
«Lo que no se tiene en cuenta es algo esencial, y es que mantener servicios públicos es mucho más caro en zonas con menos habitantes que en zonas más pobladas», ha detallado Fernández. Para ilustrar esta situación, la directora general ha puesto un ejemplo gráfico: «Los costes fijos mínimos son similares para mantener un hospital que dé servicio a una población de 50.000 habitantes o a una de 500.000. Y este modelo no está teniendo en cuenta esto».
La postura de la SSPA es clara: la igualdad constitucional no debe medirse por el reparto de dinero per cápita, sino por la garantía de acceso a los servicios. «La igualdad no consiste en repartir el dinero por número de habitantes, sino en asegurar los mismos servicios públicos con independencia del código postal», sentencian desde la organización.
Las patronales de Soria, Cuenca y Teruel advierten de las graves consecuencias que tendría la aprobación de este sistema tal y como está planteado. Alertan de que generará un «círculo vicioso» difícil de romper: una financiación insuficiente provocará una merma en la calidad de los servicios, lo que a su vez incentivará la pérdida de población y, consecuentemente, reducirá aún más los recursos económicos futuros.
«En lugar de corregir el problema de la despoblación, lo consolidaría y lo aceleraría», aseguran desde la Red SSPA, calificando la propuesta como una condena para los territorios que ya sufren una situación demográfica crítica.
Ante este escenario, la Red SSPA ha planteado una serie de exigencias concretas al Gobierno para rectificar el rumbo de la reforma financiera:
La organización ha advertido que seguirá denunciando «por todas las vías necesarias» cualquier reforma que, bajo un discurso de supuesta igualdad, abandone a las zonas rurales y vulnere el principio de cohesión territorial recogido en la Constitución.