CAPITAL
Actualizado 27/01/2026 13:21:51

La Federación presenta alegaciones contra la Zona de Bajas Emisiones de Soria, calificándola de innecesaria por la falta de contaminación en la ciudad y no estar obligada legalemente a implementarla, al no superar los 50.000 habitantes. La patronal exige garantías de acceso para empresas y advierte de acciones legales si la norma es desproporcionada.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha presentado formalmente este martes alegaciones a la consulta pública previa para la elaboración de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Soria. La patronal considera que la medida es "innecesaria" dado que no existen problemas de contaminación en la ciudad y advierte de que se reserva el derecho a emprender acciones legales si la futura normativa persigue fines recaudatorios o de control ajenos al medio ambiente.

El documento, firmado por el presidente de la organización, Santiago Aparicio, sostiene que Soria no cumple con los requisitos que obligan a la implantación de estas restricciones. Según detalla FOES, la capital no supera los 50.000 habitantes ni registra superaciones de los valores límite de contaminación atmosférica, establecidos en 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Por tanto, la federación argumenta que no existe un "presupuesto habilitante" para adoptar medidas que limiten la actividad económica y la movilidad.

Desde la organización empresarial insisten en que no se ha acreditado públicamente la existencia de episodios reiterados de mala calidad del aire ni riesgos para la salud pública derivados del tráfico rodado en Soria. En su escrito al Ayuntamiento, FOES señala que la potestad reglamentaria "no puede ejercerse de forma preventiva o abstracta" cuando conlleva perjuicios para el tejido productivo.

Petición de garantías para la actividad económica

En el supuesto de que el Ayuntamiento decida continuar con el proyecto, FOES exige que la ZBE se configure exclusivamente como una medida excepcional y no permanente. Solicitan que las restricciones se activen solo ante episodios "puntuales y acreditados" de contaminación, mediante indicadores claros.

Asimismo, la patronal reclama que se garantice de forma expresa y permanente el acceso a la zona restringida para una amplia lista de colectivos, cuya exclusión supondría una «restricción injustificada de la libertad de empresa». Entre las empresas que deberían tener acceso libre figuran:

  • Empresas de distribución, reparto y servicios técnicos.
  • Empresas de construcción y rehabilitación.
  • Profesionales autónomos y servicios esenciales.
  • Taxis, VTC, autobuses turísticos y vehículos de autoescuelas ubicadas en la zona.
  • Empresas con domicilio fiscal en la ZBE y sus empleados.
  • Servicios de emergencia, sanitarios y asistencia a dependientes.
  • Residentes, propietarios de garajes y personas con movilidad reducida.

Defensa de un modelo urbano propio

Otro de los argumentos esgrimidos por los empresarios es el riesgo de «homogeneización» de la ciudad. FOES defiende que Soria debe preservar su carácter diferencial y su escala humana, evitando copiar regulaciones de grandes áreas metropolitanas que no se ajustan a la realidad local. A su juicio, lo sostenible es adaptar las políticas a las necesidades específicas del municipio.

La patronal, que quiere formar parte de la redacción de la ordenanza y así lo ha solicitado, ha advertido al Ayuntamiento de que si la normativa final incorpora "restricciones desproporcionadas" o persigue fines como la recaudación o la videovigilancia masiva en lugar de la mejora ambiental, ejercerá "cuantas acciones administrativas o jurisdiccionales resulten procedentes".

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