Las proyecciones estadísticas, basadas en la extrapolación de los datos nacionales, sitúan la horquilla de población en situación administrativa irregular en la provincia entre las 1.500 y las 1.800 personas. La medida anunciada por el Gobierno, que prevé normalizar a medio millón de inmigrantes en el país, tendría un impacto directo en la demografía local.
El reciente anuncio del Gobierno de la Nación sobre la regularización de 500.000 inmigrantes en España abre un nuevo escenario para la provincia de Soria. A falta de cifras oficiales, ya que estas son inexistentes por la propia naturaleza de la irregularidad administrativa, el análisis de los datos demográficos disponibles sugiere que el proceso podría beneficiar a entre 900 y 1.100 nuevos residentes en la geografía soriana. Para dimensionar el alcance de esta medida en un territorio con cerca de 90.000 habitantes, es necesario recurrir a extrapolaciones basadas en la población total de España (49,4 millones) y en las previsiones estatales. Aunque se trata de cálculos aproximados, el cruce de las distintas variables estadísticas ofrece tres escenarios posibles para la provincia.
La primera vía para calcular la incidencia en Soria se basa en su peso demográfico relativo, que representa el 0,182 % de la población española. Si se toma como referencia la estimación de Funcas, que cifra en unas 840.000 las personas extranjeras en situación irregular en todo el país, la aplicación directa de ese porcentaje arroja una cifra de 1.530 residentes sin documentación en la provincia. Considerando que el objetivo del Gobierno es regularizar a 500.000 personas sobre ese total estimado (lo que supone abarcar al 59,5% del colectivo), la traslación de este porcentaje a la realidad local implicaría que algo más de 900 personas podrían acceder a la regularización bajo este criterio.
Una segunda metodología de análisis, centrada en la población extranjera no comunitaria, eleva ligeramente las previsiones. En el conjunto de España residen unos 4,8 millones de ciudadanos no comunitarios en situación regular, a los que se suman los 840.000 en situación irregular calculados por los organismos de análisis. Al aplicar esta proporción a Soria, donde residen aproximadamente 10.500 extranjeros no comunitarios, la estimación de personas en situación irregular ascendería a cerca de 1.800. Si se mantiene la previsión de éxito de la regularización en el 59,5%, el número de beneficiarios en la provincia podría situarse en el entorno de las 1.100 personas.
Por tanto, si la provincia reproduce las dinámicas proporcionales del resto del Estado, la bolsa de población irregular se movería entre los 1.500 y los 1.800 vecinos.
Existe, no obstante, una tercera referencia basada en la comparación directa de registros que ofrece una cifra sensiblemente inferior. Al cruzar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los del Observatorio Permanente de la Inmigración (referentes al verano de 2025), la radiografía es la siguiente: los residentes extranjeros contabilizados en Soria son 12.016. Las personas inmigrantes con documentación en vigor son 12.316.
Esta comparativa técnica arroja una diferencia de apenas 300 personas. De tomarse este dato administrativo como única referencia, y aplicando el mismo porcentaje de regularización previsto, el impacto de la medida sería mucho más limitado, afectando a alrededor de 179 personas.
Esta disparidad entre las proyecciones demográficas y los registros administrativos evidencia la complejidad de cuantificar un fenómeno que, por definición, escapa al control burocrático habitual. Sin embargo, las estimaciones basadas en el peso poblacional y la tasa de irregularidad apuntan a que el impacto real en Soria superará el millar de regularizaciones.