José Luis Chaín, presidente de la Peña Taurina Soriana escribe que "el anuncio de vetar a los menores en los toros colisiona con el ordenamiento jurídico y utiliza la protección infantil como coartada".
Una prohibición que nace fuera de la ley
El anuncio del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la participación y asistencia de menores a espectáculos taurinos se ha presentado como un gesto progresista de protección infantil. Sin embargo, la propuesta nace viciada por su base y por su alcance, porque no estamos ante una medida sanitaria ni pedagógica, sino ante un intento de alterar por vía indirecta el marco cultural del país utilizando una ley que no fue creada para eso. Resulta difícil justificar que una recomendación no vinculante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU pueda servir de ariete para sortear una Ley estatal que declara la tauromaquia Patrimonio Cultural y un pronunciamiento firme del Tribunal Constitucional que protege precisamente ese patrimonio frente a prohibiciones políticas. Conviene recordar dos hechos jurídicos tozudos: la Ley 18/2013 ordena al Estado conservar, promover y garantizar la tauromaquia como disciplina cultural; y la STC 177/2016 estableció que esa protección corresponde al Estado por ser patrimonio cultural común. ¿Cómo se pretende entonces que una reforma sectorial de la LOPIVI pueda, por la puerta de atrás, impedir la transmisión generacional y la participación educativa de los menores en ese mismo patrimonio? El principio de jerarquía normativa existe precisamente para evitar que una ley pensada para blindar a menores ante violencias reales se utilice como instrumento para suprimir libertades culturales.
Tampoco conviene ignorar un aspecto esencial que trasciende lo jurídico: toda manifestación cultural viva se sostiene sobre su cadena de transmisión. Así funciona con las lenguas minoritarias, con las danzas tradicionales, con las artes marciales o con los oficios artesanos: si no hay niños que aprendan, practiquen y vivan esas tradiciones, su continuidad se deshace por inanición. Aplicado a la tauromaquia, impedir el acceso formativo de los menores no solo afecta al futuro torero profesional, sino al ecosistema completo: escuelas taurinas, oficios, valores, ritos, vocabulario, técnicas y estética. Por eso un veto a menores no es un simple matiz, sino una asfixia estructural. La cultura no desaparece mediante grandes decretos, sino mediante la erosión silenciosa de su relevo generacional. Pretender que la tauromaquia sobreviva sin niños sería como exigir que pervivan las lenguas sin hablantes jóvenes: una contradicción en los términos.
No es razonable además utilizar una ley de protección de la infancia para delimitar qué sectores culturales son moralmente aceptables. Primero, porque no existen informes de salud pública ni evidencia científica sólida que acrediten daño psicológico derivado de la asistencia de menores a festejos taurinos; segundo, porque si el criterio fuese la exposición a la violencia, habría que prohibir también el acceso de menores al cine bélico, a deportes de contacto, a videojuegos o a museos históricos, algo que nadie en su sano juicio plantea. El argumento psicológico que se esgrime contra la tauromaquia responde más a una convicción moral que a un consenso científico. Y las convicciones morales, por muy legítimas que sean, no deben sustituir a las garantías constitucionales.
La paradoja de fondo es llamativa: para proteger a los menores se les quiere despojar de su derecho a acceder a una manifestación cultural que su país reconoce como patrimonio; para fomentar su bienestar se pretende restringir la libertad formativa de las familias; y para defenderlos de una supuesta violencia simbólica se formula una medida que en realidad limita la libertad cultural, la libertad educativa y el derecho a participar en la vida cultural que la Constitución garantiza. Convertir la cultura en objeto de veto administrativo es un gesto profundamente regresivo. La cultura no se tutela mediante prohibiciones, sino mediante el ejercicio libre, informado y plural de los ciudadanos. La democracia no se fortalece cercenando manifestaciones culturales, sino aceptando que existen sensibilidades distintas que conviven dentro del mismo marco legal.
Al final, la cuestión es más seria que los toros: ¿queremos que el Gobierno de turno pueda decidir qué expresiones culturales son aptas para los menores y cuáles no, sin evidencia científica, sin consenso social y contra leyes de mayor rango? Si aceptamos ese precedente, mañana podría aplicarse a un libro, una obra de teatro, una romería o cualquier tradición incómoda para la sensibilidad dominante. Ese camino no conduce a una sociedad más protectora, sino más tutelada; no conduce a una infancia más libre, sino más vigilada; no conduce a un país más culto, sino más homogéneo.
En democracia, la cultura no se prohíbe: se debate, se explica, se vive o se ignora, pero no se veta. Si el Gobierno quiere cuestionar la tauromaquia, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo en el terreno político y cultural. Lo que no tiene derecho a hacer es instrumentalizar una ley de protección infantil para sortear la Constitución, la jurisprudencia y el patrimonio cultural del país. La protección de la infancia es demasiado importante como para convertirla en coartada de una batalla cultural. Una política pública que pretenda definir qué cultura merece ser transmitida y cuál no, no deja de ser, por definición, una política peligrosa.
José Luis Chaín García
Presidente de la Peña Taurina Soriana