El Boletín Oficial de la Comunidad fija las cuantías que percibirán los ciudadanos y funcionarios durante la próxima cita con las urnas. La normativa contempla cobertura de la Seguridad Social para los integrantes de las mesas y gratificaciones específicas para los agentes de la Policía Municipal.
El Boletín Oficial de Castilla y León ha hecho público este martes el decreto que regula las compensaciones económicas que percibirá el personal nombrado para el desarrollo de las Elecciones a las Cortes Regionales de 2026. La normativa, que entra en vigor de manera inmediata tras su publicación, establece que los designados para formar parte de las mesas electorales, tanto en calidad de presidentes como de vocales, percibirán una dieta de 76,41 euros por el desempeño de sus funciones durante la jornada de votación.
La cuantía económica corre a cargo de la Administración autonómica y será abonada íntegramente a los titulares de la mesa con independencia del tiempo que hayan estado ejerciendo este cometido durante la jornada electoral. Por su parte, los suplentes únicamente tendrán derecho a esta percepción económica si finalmente adquieren la condición de titulares ante la ausencia de los nombrados inicialmente, tal y como queda regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Además de la retribución directa, el decreto firmado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco pone el acento en la protección de los ciudadanos llamados a las urnas. La Consejería de la Presidencia ha dispuesto que todos los miembros de las mesas estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a cualquier contingencia que pudiera derivarse de su participación. De este modo, las lesiones que pudieran sufrir con ocasión del cumplimiento de esta obligación tendrán la consideración legal de accidente de trabajo, garantizando la asistencia sanitaria y las prestaciones correspondientes.
El despliegue logístico también contempla gratificaciones específicas para los empleados públicos y fuerzas de seguridad que velarán por el normal desarrollo del proceso. En este sentido, los agentes de la Policía Local que presten servicios extraordinarios en los colegios electorales recibirán una asignación fija de 170,89 euros por efectivo. Los ayuntamientos deberán remitir a la Delegación Territorial el dispositivo de seguridad establecido para proceder al abono de estas cantidades, pensadas para cubrir la vigilancia en los centros de votación de la provincia.
Por su parte, los representantes de la Administración encargados de transmitir los datos del escrutinio verán variar su gratificación en función de los medios técnicos empleados. Aquellos que operen en mesas atendidas mediante dispositivos electrónicos como tablets percibirán 212,79 euros, mientras que la cifra se reduce a 162,39 euros para quienes realicen la tarea mediante los sistemas tradicionales sin soporte digital. Asimismo, el personal colaborador que ayude en el montaje y adecuación de los locales electorales recibirá cantidades que oscilan entre los 44 y los 134 euros según el tamaño del colegio.
En el ámbito de la organización judicial y administrativa, el decreto fija también las retribuciones para las Juntas Electorales. En el caso de las Juntas Electorales Provinciales, la normativa establece una distinción basada en el censo de mesas; para aquellas provincias con un número igual o inferior a 500 mesas, los presidentes de la Junta Provincial percibirán 3.384,19 euros. Los secretarios de los ayuntamientos, que actúan como delegados de las Juntas de Zona, recibirán entre 870 y 1.063 euros dependiendo del volumen de mesas que se constituyan en sus respectivos municipios.