El sindicato reclama que la bonificación aprobada por la Unión Europea ayuden a recuperar el poder adquisitivo de las plantillas para que cumplan su objetivo de fijar población en la provincia.
La Federación de Industria, Construcción e industrias agroalimentarias de UGT (UGT FICA) en Soria ha situado hoy la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como uno de los ejes centrales de la negociación colectiva que se abrirá este año en la provincia. El sindicato enmarca este debate en un contexto singular: Soria es una de las tres provincias —junto a Cuenca y Teruel— beneficiarias de las denominadas ayudas al funcionamiento autorizadas por la Comisión Europea para compensar los sobrecostes asociados a la despoblación.
Estas ayudas, en vigor desde enero de 2023, contemplan una reducción del 5% en la cotización empresarial por contingencias comunes para los contratos indefinidos ya existentes; del 15% para los nuevos contratos; y de hasta el 20% en los nuevos contratos formalizados en municipios de menos de 1.000 habitantes. Las contingencias comunes constituyen la partida principal de las cotizaciones sociales que abonan las empresas a la Seguridad Social, aunque no la única, ya que quedan fuera otros conceptos como desempleo o el mecanismo de equidad intergeneracional.
Según los datos ya publicados por la patronal soriana FOES, las reducciones acumuladas en la provincia entre 2023, 2024 y hasta enero de 2025 superan los 18 millones de euros. Solo en los dos primeros años completos de aplicación el ahorro empresarial alcanzó 16,5 millones —9,33 millones en 2024 y 7,19 en 2023—. Sin embargo, esta cifra está lejos del potencial máximo autorizado por Bruselasl ya que la Unión Europea permite compensar hasta el 20% del coste laboral total, que hubiera posibilitado un impacto en Soria de más de 200 millones de euros en esos años.
UGT FICA no cuestiona la existencia de las ayudas, que defiende, pero sí su traslación práctica a la economía doméstica de los trabajadores. El sindicato sostiene que, en estos momentos, la fiscalidad diferenciada “está repercutiendo cero” en el poder adquisitivo de las plantillas. A su juicio, los millones de euros que están ahorrando las empresas no se están reflejando en mejoras salariales ni en condiciones laborales más favorables.
Desde FOES se ha explicado que el ahorro medio actual equivale a unos 34 euros por trabajador y mes, una cuantía que consideran insuficiente para generar un incentivo real a la contratación o a la implantación de nuevas empresas. Por ello, la organización empresarial reclama al Gobierno central que eleve el porcentaje de reducción hasta el máximo permitido por la Comisión Europea, convencida de que solo así se logrará un efecto tractor sobre la economía provincial y un impacto efectivo en la fijación de población.
La organización sindical ha trasladado a la patronal la propuesta de constituir una mesa específica de diálogo social sobre las ayudas al funcionamiento, con el objetivo de analizar su impacto y acordar mecanismos para que una parte de esos recursos se incorporen a la negociación de los convenios colectivos. El sindicato considera que si el objetivo último de estas medidas es fijar población, resulta imprescindible que los trabajadores —quienes realmente residen y consumen en el territorio— participen de manera directa en sus beneficios.
Como ejemplo, UGT alude a la zona del Moncayo, donde numerosas empresas emplean a trabajadores procedentes de comunidades limítrofes como La Rioja, Navarra o Aragón. En estos casos, argumenta el sindicato, las compañías se benefician igualmente de las reducciones en las cotizaciones, aunque esos empleados no trasladen su residencia a Soria. Desde su perspectiva, esto desvirtúa el propósito de la ayuda si no se acompaña de incentivos que favorezcan el arraigo y mejoren la capacidad adquisitiva de quienes sí viven en la provincia.
La organización sindical insiste en que está dispuesta a respaldar nuevas reivindicaciones conjuntas para ampliar las ayudas, pero condiciona ese apoyo a que exista un compromiso claro de que su ampliación tenga reflejo en los salarios y en la calidad del empleo.