La Red SSPA participa en el Comité de las Regiones en Bruselas para reivindicar oportunidades que frenen la despoblación. Destaca que el 52 % de los nacidos en Soria reside fuera por falta de empleo e infraestructuras.
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), lobby fundado por FOES junto a las confederaciones empresariales de Cuenca y Teruel, ha trasladado a las instituciones comunitarias la urgente necesidad de implementar políticas efectivas que frenen la sangría demográfica. La organización participó el pasado 13 de febrero en Bruselas en el debate 'Empoderando el futuro rural: el derecho a quedarse en zonas rurales', celebrado en el Comité Europeo de las Regiones.
Durante el encuentro, enmarcado en la red Demographic Change Regions Network (DCRN) y que contó con la presencia de la OCDE y la Comisión Europea, la SSPA puso sobre la mesa una realidad estadística contundente: el 52 % de la población nacida en Soria reside fuera de la provincia. Un dato que, según la organización, desmonta la teoría de la libre elección y confirma la existencia de un éxodo forzoso motivado por la falta de alternativas.
Desde la Red SSPA defienden que el concepto de derecho a quedarse, impulsado por la nueva estrategia de la Comisión Europea dentro de la política de cohesión, debe traducirse en hechos. La organización sostiene que "nadie decide marcharse", sino que es la falta de oportunidades la que provoca estas dinámicas de abandono en los territorios rurales.
Para revertir esta situación, los representantes de las zonas despobladas argumentaron que la ecuación es clara: para que existan oportunidades debe haber empleo, y para ello son imprescindibles las empresas. Sin embargo, la atracción de tejido empresarial requiere que el territorio sea competitivo en su conjunto, lo que implica disponer de infraestructuras y servicios básicos del siglo XXI, especialmente en comunicaciones, transporte y conectividad digital.
Entre las propuestas concretas debatidas en la capital belga, la SSPA insistió en la necesidad de "blindar" las zonas despobladas frente a los polos industriales consolidados. Esto pasaría por establecer condiciones específicas, como ayudas eficaces e incentivos fiscales que compensen las desventajas estructurales permanentes, haciendo rentable para las compañías instalarse y permanecer en provincias como Soria, Cuenca o Teruel.
Otro de los puntos clave de la intervención fue la gestión de los recursos energéticos. La Red SSPA reiteró la necesidad de reinvertir los excedentes de la energía verde en el propio territorio productor, en lugar de priorizar su exportación a otras regiones.
La organización concluyó su participación denunciando un modelo territorial que, a su juicio, "castiga al medio rural" al priorizar sistemáticamente la inversión en zonas urbanas.