El sindicato alerta sobre la falta de adaptación del operativo a la normativa estatal y las graves carencias materiales detectadas. Los representantes advierten del peligro para la próxima campaña si no se corrigen los fallos en los vehículos y la formación del personal.
Representantes de UGT Servicios Públicos han comparecido esta mañana en Soria para exponer la situación crítica que, a su juicio, atraviesa el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad. Tras la celebración de unas jornadas técnicas, los responsables sindicales han calificado de "inactividad absoluta" la gestión de la Junta de Castilla y León, señalando que la administración "no está preparada para afrontar la próxima campaña de riesgo alto".
El secretario general de Servicios Públicos de UGT Soria, Ignacio Mialdea, acompañado por responsables autonómicos y federales del sindicato, ha recordado el devastador impacto de los fuegos recientes. "El verano pasado ardieron más de 165.000 hectáreas en los montes de Castilla y León", ha lamentado Mialdea, quien considera que el Ejecutivo autonómico parece abocado a repetir "los mismos errores" debido a una "evidente" falta de planificación, por lo que piden al Gobierno de Mañueco que esté preparado para la temporada estival y que "no espere a las elecciones, lo que podría ser fatal".
Uno de los puntos más críticos señalados por la organización sindical es la inseguridad de los vehículos utilizados por el operativo. Según ha detallado Mialdea, persisten fallos graves en la flota que ponen en riesgo a los trabajadores. "Siguen sin corregirse fallos como la equipación de muchos de los vehículos, reservas de autobombas que carecen de barras antivuelco y de sistemas de anclaje de cuatro puntos", ha explicado el secretario provincial. A las carencias materiales se suma la falta de preparación técnica de la plantilla. Desde UGT denuncian que la formación específica es insuficiente para garantizar la seguridad y eficacia del servicio. "Los cursos de 4x4 y de vehículos pesados brillan por su ausencia, y también los cursos efectivos de primeros auxilios", ha añadido Mialdea durante su intervención.
La adaptación a la nueva legislación nacional es otro de los frentes abiertos. Javier García, responsable de bomberos forestales a nivel federal en UGT, ha denunciado que la Junta "ha ignorado los plazos establecidos tras la aprobación de la ley básica de bomberos forestales en noviembre de 2024". A pesar de disponer de un año para su implementación, los avances "han sido inexistentes".
"Castilla y León sigue siendo referente para mal, no se ha hecho absolutamente nada", ha aseverado García. El responsable federal ha criticado duramente que no se reconozca la categoría profesional adecuada ni se apliquen los coeficientes reductores para la jubilación anticipada, una medida que considera "capital" para evitar que trabajadores de edad avanzada tengan que estar en primera línea de fuego.
Aunque el sindicato ha reconocido la ampliación de contratos a 12 meses para el personal fijo discontinuo, "un avance logrado en 2023", matizan que no ha sido por iniciativa propia de la administración. "Lo único que se ha cambiado es lo que hemos conseguido arrancarles", ha afirmado Carlos Arenas, responsable del sector Autonómico de UGT Castilla y León, insistiendo en que la prevención debe ser una labor constante durante todo el año bajo la premisa de que "los incendios se apagan en invierno". Tomás Pérez, secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, ha utilizado la ironía para describir la parálisis de la administración autonómica: "Queremos felicitar a la Junta de Castilla y León por no hacer nada, porque es lo único que podemos hacer; si algo hace bien la Junta es la inactividad, el no hacer nada es lo que mejor hace". No obstante, ha lanzado una advertencia clara sobre el riesgo que suponen las condiciones climáticas actuales si la primavera resulta cálida: "Nuestros montes pueden arder de una forma masiva".
Finalmente, UGT ha mostrado su preocupación por lo que califican de "privatización encubierta" del servicio a través de la empresa pública Tragsa. El sindicato exige un operativo "100% público y dependiente de la administración" y alerta sobre el estado de las bolsas de empleo, advirtiendo que la Junta podría volver a "improvisar" contratando personal sin la formación necesaria directamente de las oficinas de empleo.