Alertan de riesgos para menores y de la degradación del espacio público en un barrio residencial.
En el barrio de Los Royales, en Soria, la convivencia vecinal se ha visto alterada por una situación que, según denuncian sus residentes, se prolonga desde hace meses sin una solución clara. La Asociación de Vecinos ha hecho pública su queja ante lo que califican como la conversión de varias calles próximas al cuartel de la Guardia Civil en un "depósito judicial" improvisado de vehículos decomisados.
El problema, explican, no es puntual. Diversos coches intervenidos en actuaciones policiales permanecen estacionados durante largos periodos en la vía pública, ocupando plazas de aparcamiento en un entorno eminentemente residencial. Muchos de estos vehículos presentan signos evidentes de deterioro: lunas fracturadas, carrocerías dañadas, neumáticos deshinchados y acumulación de suciedad. A juicio de los vecinos, esta imagen proyecta una sensación de abandono impropia de un barrio de la ciudad.
Más allá del impacto estético, la Asociación subraya las implicaciones prácticas y de seguridad. La presencia continuada de automóviles en mal estado genera, sostienen, un foco potencial de vandalismo y conductas incívicas, además de riesgos para menores que transitan o juegan en las inmediaciones. A ello se suma la pérdida efectiva de plazas de estacionamiento para los residentes, en una zona donde el aparcamiento ya es limitado.
El núcleo de la denuncia apunta a un problema de coordinación administrativa. Según trasladan, se han dirigido formalmente a la Policía Local, al Ayuntamiento y a la propia Guardia Civil para solicitar una solución. Sin embargo, describen un escenario de respuestas ambiguas o de remisión de responsabilidades entre instituciones. La Asociación interpreta este intercambio como un bloqueo burocrático que deja al vecindario en una situación de indefinición.
Desde un punto de vista competencial, la gestión de vehículos intervenidos judicialmente implica tanto a fuerzas de seguridad como a la autoridad judicial y, en su caso, a los servicios municipales encargados de depósitos y retirada. La ausencia de un protocolo operativo claro —o su falta de aplicación efectiva— es, para los vecinos, el origen del problema actual: la calle no puede convertirse en el espacio de custodia por defecto.
Ante este contexto, la Asociación de Los Royales plantea dos demandas concretas. En primer lugar, la retirada inmediata de los vehículos actualmente estacionados en la vía pública. En segundo término, la articulación de un procedimiento ágil y coordinado entre administraciones que garantice el traslado de los coches decomisados a instalaciones adecuadas, evitando la reiteración de la situación.
El conflicto sitúa sobre la mesa un debate más amplio sobre la gestión del espacio público y la responsabilidad institucional en entornos urbanos de tamaño medio como Soria. Mientras no se adopten medidas, advierten los vecinos, la acumulación de vehículos seguirá erosionando la percepción de seguridad y la calidad de vida en un barrio que reclama, simplemente, la recuperación de su normalidad.