PROVINCIA
Actualizado 26/02/2026 19:16:39

Soria ¡YA! ha mantenido encuentros con COAG y UPA para analizar la crítica situación del sector primario, marcada por los altos costes y la competencia desleal. La formación se compromete a trasladar a las instituciones las quejas sobre la burocracia excesiva, la falta de personal administrativo y los daños de la fauna salvaje.


La formación sorianista mantiene encuentros de trabajo con las principales organizaciones sindicales para abordar la compleja situación que atraviesan agricultores y ganaderos. La presión de los mercados internacionales, el exceso de trámites y las indemnizaciones desactualizadas marcan la agenda de reivindicaciones del campo.

Los procuradores Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Rosalía Peña han encabezado las reuniones por parte de Soria ¡YA! para conocer de primera mano las necesidades del sector primario en la provincia. En estos encuentros han participado Alfredo Cabrerizo, en representación de COAG, y José María Sanz, José Ignacio y Antonio Medrano por parte de UPA.

Ambas organizaciones agrarias han trasladado un diagnóstico preocupante sobre la viabilidad de las explotaciones. Los profesionales del campo se encuentran al límite entre la rentabilidad y las pérdidas debido a unos costes de producción disparados en insumos como fertilizantes, gasóleo o maquinaria, frente a unos precios de venta que permanecen estancados desde hace décadas.

Tras escuchar estas problemáticas, la agrupación de electores ha reafirmado su compromiso de trasladar estas exigencias a las diferentes administraciones. El objetivo es defender los intereses de los agricultores y ganaderos sorianos tanto en las instituciones autonómicas como en las estatales y europeas.

El impacto de los acuerdos comerciales

Durante la sesión de trabajo, los representantes de COAG han expuesto cómo la actual coyuntura internacional penaliza gravemente a los productores locales. Han señalado específicamente las consecuencias del acuerdo con Mercosur y la entrada de cereal ucraniano sin aranceles, una situación que mantiene los precios a la baja en el mercado nacional.

Asimismo, los sindicalistas han advertido sobre los pactos comerciales con Marruecos y la India. Según han explicado a la formación sorianista, en este tipo de tratados internacionales el sector primario acaba siendo habitualmente "el principal perjudicado".

Exceso burocrático y falta de personal

La simplificación administrativa ha sido una exigencia unánime de ambas organizaciones. Los profesionales denuncian una carga burocrática excesiva en su día a día, ejemplificada en obligaciones como el cuaderno digital, la toma de fotografías preventivas y la constante tramitación de documentos.

Por su parte, UPA ha puesto el foco en las carencias de la propia Administración en la provincia. Han subrayado la falta de personal en las secciones agrarias comarcales y en las unidades veterinarias. Especialmente crítica es la situación del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), que actualmente carece de trabajadores en Soria, lo que provoca importantes retrasos en trámites esenciales.

En esta línea, también han reclamado una mayor colaboración por parte de las Confederaciones Hidrográficas para agilizar las autorizaciones relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los cauces.

Indemnizaciones por fauna salvaje y ayudas de la PAC

Otro de los puntos críticos abordados ha sido el daño provocado por la fauna salvaje. Tanto COAG como UPA han denunciado que las tablas de indemnización por ataques de lobo se encuentran completamente desactualizadas y no reflejan el valor real de mercado del ganado en la actualidad.

Desde UPA han incidido en que estas compensaciones ignoran las particularidades de la ganadería extensiva, donde a menudo ni siquiera es posible localizar la res muerta y la pérdida económica no se recupera. A este problema se suman los continuos destrozos provocados por corzos y jabalíes en las explotaciones agrícolas y las limitaciones de los sistemas de compensación vigentes.

Finalmente, en relación con la Política Agraria Común (PAC), los ganaderos han exigido la revisión de los coeficientes de admisibilidad de pastos. El objetivo es que la normativa reconozca correctamente la ganadería extensiva tradicional bajo arbolado, eliminando las trabas actuales para catalogar como pastables aquellas superficies que históricamente han tenido aprovechamiento ganadero.

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