La Junta de Castilla y León aprueba la declaración de utilidad pública y urgente ejecución para la concentración parcelaria privada en esta pedanía langueña. El proyecto, impulsado por los propietarios, reorganizará la estructura agraria de la zona limítrofe con Burgos.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado la declaración de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de iniciativa privada de la zona denominada Bocigas de Perales II, perteneciente al municipio de Langa de Duero. Este trámite administrativo supone el espaldarazo final a un proceso que busca racionalizar la propiedad de la tierra y mejorar la rentabilidad de las explotaciones en esta zona limítrofe con la provincia de Burgos.
El acuerdo, adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 26 de febrero y ratificado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco y la consejera María González Corral, responde a una demanda que nace del propio sector. Fue en marzo de 2024 cuando la Asociación concentración parcelaria de Bocigas de Perales presentó la solicitud formal para iniciar este procedimiento de reconcentración. Al tratarse de una iniciativa privada, la ley exige un amplio consenso social que, en este caso, se ha superado con creces.
El proyecto cuenta con el respaldo de más de dos tercios de los propietarios de la superficie total afectada. Además, estos solicitantes disponen de más del 50 % de la superficie a concentrar, unos porcentajes que fueron certificados por el Secretario del Ayuntamiento de Langa de Duero. Los terrenos que se verán sometidos a esta reordenación se corresponden con la totalidad del anejo de Bocigas de Perales y se dedican predominantemente al aprovechamiento ganadero y a tierras arables.
La declaración de urgencia permite agilizar los plazos de un proceso que suele dilatarse en el tiempo. El perímetro afectado por esta reestructuración de la propiedad queda delimitado al norte por el término municipal de Brazacorta (Burgos) y el anejo de Alcoba de Torre; al este con Zayas de Torre; al sur con Alcozar; y al oeste, nuevamente con la provincia vecina a través de los términos de Brazacorta y Peñaranda de Duero.
Un aspecto determinante del proceso es su financiación. Al ser promovida mediante iniciativa privada, la normativa agraria de Castilla y León establece que los trabajos de asistencia técnica serán sufragados íntegramente por los beneficiarios. Del mismo modo, la ejecución y financiación de las obras y mejoras territoriales que se proyecten se regirán por lo dispuesto para las infraestructuras agrarias de titularidad privada.
El proceso cuenta con todas las garantías ambientales necesarias. La Delegación Territorial de la Junta en Soria emitió el pasado mes de diciembre el informe de impacto ambiental, determinando que la reordenación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se respete el condicionado establecido. Con la publicación de este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se abre ahora una nueva etapa para los agricultores y ganaderos de esta zona de la provincia, que verán transformada la estructura de sus fincas para adaptarlas a las necesidades de la agricultura moderna.