La Plataforma de Villar del Río acusa a la Consejería de Sanidad de ignorar los requerimientos del Procurador del Común para reabrir la farmacia comarcal, un servicio cuyo coste anual estima en apenas 3.000 euros.
La Plataforma de apoyo para la reapertura de la farmacia de Villar del Río denuncia el silencio de la Consejería de Sanidad ante los requerimientos del Procurador del Común. El colectivo vecinal lamenta que la Administración regional siga sin autorizar este servicio esencial para la comarca de Tierras Altas, a pesar del bajo coste económico que supondría su mantenimiento.
Los vecinos de la comarca del Cidacos continúan su reivindicación para recuperar la atención farmacéutica en la zona. Según ha informado la Plataforma de apoyo para la reapertura de la farmacia de Villar del Río, la Junta de Castilla y León ha superado con creces el plazo legal para responder a la última resolución emitida por el Procurador del Común, en la que se instaba a autorizar la apertura de este establecimiento.
Las representantes del colectivo, Nieves Orte y Rocío Anguiano, han señalado que han transcurrido más de quince días desde que finalizó el tiempo estipulado para que la Consejería de Sanidad contestara al requerimiento. Esta falta de respuesta supone, según denuncian, un incumplimiento del artículo 19.2 de la Ley 2/1994, que obliga a las administraciones afectadas a responder por escrito en un plazo máximo de dos meses.
Además de ignorar a la institución autonómica, la plataforma asegura que la Administración regional tampoco está cumpliendo con los compromisos adquiridos en el año 2020 ni con las respuestas dadas a expedientes anteriores sobre este mismo asunto, en concreto el expediente 2338/2019.
El silencio administrativo no se limita únicamente al Procurador del Común. La agrupación vecinal remitió un escrito el pasado 30 de octubre de 2025 dirigido a la delegada territorial de la Junta en Soria. En este documento, solicitaban una copia del informe emitido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, texto en el que presuntamente se basó la decisión de desechar la reapertura de la oficina en la comarca.
Hasta la fecha, esta petición tampoco ha recibido contestación, una situación que desde la plataforma califican de "especialmente grave" al considerar que se les está negando el acceso a la información que justifica el cierre de las instalaciones.
Desde la plataforma vecinal muestran su incomprensión ante las trabas impuestas por la Consejería de Sanidad, especialmente si se analiza el impacto económico. Según los cálculos de la organización, la inversión anual de la Junta para mantener este servicio apenas superaría los 3.000 euros.
Esta cifra contrasta con las necesidades de un territorio tan extenso como Tierras Altas, que abarca una superficie de 65.825 hectáreas y que en la actualidad cuenta con una única oficina de farmacia para atender a toda su población.
Ante esta situación, el colectivo considera que la Consejería de Sanidad demuestra una falta de compromiso y voluntad con el medio rural. En su comunicado, critican que la Administración opte por alargar el proceso en el tiempo en lugar de agilizar los trámites necesarios para poner en marcha la farmacia comarcal.
"No han sabido darnos nunca una explicación seria y rigurosa que justifique las reticencias de la Junta a la hora de tomar las medidas necesarias para atender a una demanda que es justa y beneficiosa para todos", han manifestado desde la plataforma en su escrito de denuncia.