Después de los comicios del pasado domingo, el proceso institucional en Castilla y León entra ahora en una fase marcada por varios hitos administrativos y parlamentarios que se extenderán durante semanas. Desde el escrutinio definitivo de los votos hasta la posible investidura del nuevo presidente de la Junta, la normativa autonómica fija un calendario preciso que arranca con el recuento oficial de las Juntas Electorales Provinciales y culmina, si todo avanza con normalidad, con la formación del nuevo gobierno autonómico.
Del escrutinio definitivo a la proclamación de procuradores. Son las primeras fechas a agendar. Aunque la noche electoral ofrece resultados provisionales, el recuento definitivo no lo realizan las mesas electorales, sino las Juntas Electorales Provinciales, una por cada provincia de la Comunidad.
Este escrutinio general comienza el quinto día posterior a la votación, es decir, el 20 de marzo, y debe concluir como máximo el 23 de marzo.
Durante ese proceso se revisa toda la documentación electoral. En primer lugar, se comprueban y suman las actas de las mesas electorales de cada provincia. Después se incorporan los votos emitidos por correo, incluidos los de los residentes en el extranjero cuando proceda, y se verifica la coherencia de los datos.
El recuento de los votos de los residentes ausentes, 8.564 en la provincia de Soria, que forman el censo CERA, se realizará el próximo viernes, 20 de marzo.
Además, las juntas provinciales analizan las posibles incidencias recogidas en las actas —por ejemplo, discrepancias numéricas o protestas presentadas durante la jornada electoral— antes de validar los resultados.
El resultado definitivo de cada provincia determina qué candidatos resultan elegidos como procuradores en las Cortes de Castilla y León, aplicando el sistema D'Hondt y teniendo en cuenta tanto los votos válidos como los votos en blanco para el reparto de escaños.
Tras el escrutinio general se abre un breve periodo de impugnaciones. Interventores, apoderados y representantes de las candidaturas disponen de un día para presentar reclamaciones o protestas, siempre referidas a incidencias que ya consten en las actas.
La Junta Electoral Provincial resuelve esas reclamaciones en el plazo de un día. Si se presenta recurso, el asunto se eleva a la Junta Electoral de Castilla y León, que también debe resolver con rapidez, normalmente en un plazo de uno o dos días.
Una vez superada esta fase, las juntas provinciales proceden a la proclamación oficial de los procuradores electos, un trámite que debe completarse como máximo el 1 de abril de 2026.
Posteriormente, la Junta Electoral de Castilla y León publicará los resultados generales y provinciales en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). La ley fija un plazo de hasta 40 días tras la proclamación, por lo que esa publicación debería producirse como máximo el 11 de mayo de 2026.
Superada la fase electoral, el calendario institucional da paso a la actividad parlamentaria. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León está prevista para el 14 de abril a las 11:30 horas, momento en el que se pondrá en marcha la XII Legislatura.
La Cámara estará integrada por 82 procuradores, con la mayoría absoluta fijada en 43 escaños.
El Parlamento autonómico quedaría configurado con 33 procuradores del Partido Popular, 30 del PSOE, 14 de Vox y un Grupo Mixto reducido que estará integrado por UPL (3 procuradores), Soria ¡Ya! (1) y Por Ávila (1). La formación leonesista obtuvo un 4,30% de los votos, por debajo del 5% autonómico exigido para constituir grupo propio, pese a contar con tres escaños.
Además, el Reglamento de las Cortes establece un plazo de siete días desde la sesión constitutiva para registrar los grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara. El Grupo Mixto dispone de un margen más amplio, de hasta 30 días, que en este caso finalizaría el 28 de mayo.
Una vez constituido el Parlamento autonómico, comienza el proceso para elegir al presidente de la Junta.
Desde el 15 de abril, día siguiente a la sesión constitutiva, se abre un plazo máximo de quince días hábiles para que el presidente de las Cortes proponga un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Ese plazo expiraría el 7 de mayo, aunque el debate de investidura podría convocarse antes.
Según establece el Estatuto de Autonomía, el candidato necesita mayoría absoluta en primera votación para ser investido presidente. Si no la obtiene, se celebrará una segunda votación, en la que bastará con mayoría simple.
Si el aspirante tampoco logra el respaldo de la Cámara, podrán tramitarse nuevas propuestas de candidato siguiendo el mismo procedimiento.
El Estatuto fija además un límite temporal para resolver la investidura. Desde la primera votación se abre un plazo máximo de dos meses para que algún candidato obtenga la confianza de las Cortes.
Si transcurrido ese periodo ningún aspirante logra ser elegido presidente, las Cortes quedarían automáticamente disueltas y el presidente en funciones de la Cámara lo comunicaría al presidente de la Junta también en funciones para convocar nuevas elecciones autonómicas.
En ese escenario, Castilla y León volvería a las urnas tras un breve ciclo legislativo fallido.
En resumen, las fechas clave tras las elecciones en Castilla y León serían: