La Junta de Castilla y León concede la autorización administrativa previa al parque híbrido de casi 50 MW promovido por Lagar Wind, S.L. El proyecto afectará a ocho municipios sorianos y contempla el soterramiento de 25 kilómetros de su línea de evacuación.
La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, ha dado luz verde a una importante infraestructura energética promovida por la empresa Lagar Wind, S.L.. La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), culmina un extenso proceso administrativo que comenzó con los primeros permisos de acceso en abril de 2023.
La instalación se ubicará en los términos municipales de Torrubia de Soria, Reznos, Carabantes, Deza, Cihuela, Ciria, Noviercas y Ólvega. El proyecto destaca por su naturaleza híbrida, combinando la generación de energía a través del viento y del sol para maximizar la eficiencia del punto de conexión a la red eléctrica provincial.
Para conseguir esta autorización administrativa previa, el promotor ha tenido que adaptar el diseño original y responder a numerosas alegaciones y condicionados presentados por ayuntamientos, asociaciones ecologistas y otras empresas del sector. Estas negociaciones han derivado en el soterramiento de la mayor parte de su línea de evacuación para minimizar el impacto visual y medioambiental.
El complejo energético 'HIB Lagar Wind' sumará una potencia nominal total de 49,83 megavatios (MW). Esta capacidad se divide en dos tecnologías de generación claramente diferenciadas que compartirán infraestructuras de salida:
Uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación ha sido el trazado para transportar la energía hasta la subestación colectora Moncayo 2. La línea de alta tensión (66 kV) tendrá una longitud total de 33,39 kilómetros.
Tras las exigencias de las entidades locales y los informes ambientales, la empresa ha modificado el proyecto original. De este modo, 25,92 kilómetros discurrirán de forma subterránea, mientras que los 7,46 kilómetros restantes se mantendrán como tramo aéreo apoyado en torres metálicas de celosía.
El periodo de información pública reflejó la preocupación de varios municipios afectados. El Ayuntamiento de Ólvega mostró un fuerte rechazo a los tramos aéreos, exigiendo el soterramiento total en su término municipal basándose en sus normas urbanísticas. El promotor argumentó que el soterramiento íntegro era técnicamente inviable y generaría un mayor impacto por los movimientos de tierra necesarios.
Por su parte, consistorios como los de Carabantes y Reznos lograron acuerdos para modificar el trazado y soterrar la línea en las cercanías de sus núcleos urbanos y elementos patrimoniales, como es el caso del Castillo de Tobajas.
El proyecto también recibió alegaciones de colectivos ecologistas como ASDEN, que solicitaban la paralización de la planta por su afección a hábitats prioritarios. Sin embargo, la Administración ha considerado que el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente, condicionando su ejecución al estricto cumplimiento de las medidas correctoras dictadas en la DIA del pasado mes de noviembre.