El último informe del Consejo General del Poder Judicial confirma un cambio de ciclo en los efectos de la crisis: aumentan con fuerza las ejecuciones hipotecarias y los concursos, mientras descienden los lanzamientos. En este contexto, Castilla y León se mantiene por debajo de la media nacional en presión judicial, aunque no escapa a la tendencia al alza.
La crisis económica vuelve a tensionar los juzgados, aunque con un comportamiento desigual por territorios. Los datos de 2025 muestran un fuerte incremento de los procedimientos más vinculados a dificultades financieras —ejecuciones hipotecarias y concursos— mientras los desahucios retroceden.
A nivel nacional, las ejecuciones hipotecarias crecieron un 35,6%, hasta superar las 31.400, prácticamente el doble del ritmo registrado el año anterior. En paralelo, los concursos de acreedores aumentaron un 30%, impulsados casi exclusivamente por personas físicas sin actividad empresarial, que ya representan cerca del 90% del total.
Frente a este escenario, los lanzamientos —los procedimientos que culminan en desahucio— descendieron un 11%, con caídas tanto en los derivados del alquiler como en los asociados a ejecuciones hipotecarias.
Aunque el informe no sitúa a Castilla y León entre las comunidades con mayores cifras absolutas ni con tasas más elevadas, los datos comparativos reflejan una incidencia más moderada que la media nacional.
En el caso de las ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, el mapa autonómico está claramente liderado por territorios como Cataluña (115), Murcia (82,9) o Andalucía (73,2). En ese contexto, Castilla y León se sitúa en la franja baja, con niveles sensiblemente inferiores a esas comunidades y también por debajo del promedio nacional, lo que indica una menor presión en este tipo de procedimientos.
Una tendencia similar se observa en otros indicadores recogidos en el informe: En lanzamientos, Castilla y León queda lejos de los territorios con mayor volumen como Cataluña o Andalucía. En concursos de acreedores, tampoco figura entre las comunidades con mayor número de casos, dominadas por Cataluña, Madrid o Andalucía.
Uno de los elementos más relevantes del informe es el cambio en el perfil de los afectados. El incremento de los concursos no proviene de empresas, sino de particulares sin actividad empresarial, que crecieron más de un 36% en un solo año y suponen ya el 89% de todos los presentados.
Los concursos presentados por personas jurídicas y por personas naturales empresarios mostraron un descenso interanual. Así, los 5.472 (el 7,3% del total) presentados por personas jurídicas se redujeron en un 1,7%; y los 2.696 de personas naturales empresarios lo hicieron en un 12,6%.
Esto apunta a una traslación directa de la crisis a los hogares, más que al tejido productivo, al menos en términos concursales.
Al mismo tiempo, la caída de los lanzamientos introduce un matiz relevante. Aunque pueda interpretarse como una mejora, también está vinculada a medidas legales de protección a colectivos vulnerables, como la suspensión de desahucios en determinados casos.
El balance general deja una lectura compleja. Por un lado, descienden los desalojos efectivos; por otro, aumentan los procedimientos que reflejan dificultades económicas estructurales.
En territorios como Castilla y León, donde la presión judicial es menor, el impacto de la crisis parece más contenido pero igualmente presente, siguiendo la tendencia nacional aunque con menor intensidad.
Los datos del CGPJ consolidan a la Justicia como un indicador adelantado de la situación económica. El aumento de ejecuciones hipotecarias y concursos refleja un deterioro en la capacidad de pago de familias y particulares, mientras la caída de lanzamientos muestra el efecto de las políticas de contención.
En conjunto, el año 2025 dibuja un escenario en el que la crisis no desaparece, sino que cambia de forma y se redistribuye territorialmente, con comunidades como Castilla y León manteniendo una posición relativamente más estable dentro del conjunto nacional.