A partir del próximo día 1, la oficina de Correos de Arcos de Jalón reducirá su atención al público a tan solo una hora diaria, de 13:30 a 14:30 horas. Esta medida ha desatado una ola de indignación institucional ante lo que consideran un servicio "residual", mientras la empresa justifica el cambio como un proceso de modernización.
La empresa pública Correos ha salido al paso de las críticas por el recorte de servicios en Arcos de Jalón asegurando que garantiza la prestación del servicio postal bajo criterios de "calidad, continuidad y eficiencia". Pese al malestar vecinal e institucional, la compañía enmarca el nuevo horario de atención al público, de 13:30 a 14:30 horas a partir del día 1, dentro de un "plan de modernización y adaptación a las nuevas necesidades del entorno rural".
Como contrapartida a la reducción horaria de su oficina física, Correos ha anunciado que, tras la Semana Santa, instalará dos módulos Citypaq con acceso las 24 horas en la localidad. Según la empresa, estos dispositivos permitirán a los usuarios una "mayor flexibilidad y comodidad" para recoger y enviar paquetes en cualquier momento.
Además, la entidad refuerza su apuesta por la atención directa "al paso" a través de los carteros rurales dotados con dispositivos móviles (PDA). “Este sistema busca evitar desplazamientos innecesarios, permitiendo gestionar trámites y notificaciones directamente en el domicilio del ciudadano”, defienden.
Pese al discurso de innovación de la compañía, el Ayuntamiento de Arcos de Jalón mantiene una postura muy crítica. El alcalde, Jesús Ángel Peregrina, tras reunirse con responsables de la red de oficinas, lamenta que no se acudiera a negociar, “sino simplemente a exponer una decisión ya tomada que deja el servicio reducido a la mínima expresión". Para el consistorio, calificar de "eficiencia" el cierre de la actividad ordinaria es cuestionable en una oficina que "funciona" y que es “referencia para 7 municipios y 36 núcleos de población”.
La interpretación de Correos sobre la "vertebración territorial" choca con el temor a que servicios esenciales, como el envío de dinero, vital para la población inmigrante, o las gestiones administrativas presenciales de los mayores, queden seriamente comprometidos. Ante lo que consideran un "golpe" a los servicios públicos en el medio rural, los alcaldes de la comarca están preparando un manifiesto conjunto.
Además, el Ayuntamiento ya ha cursado quejas formales y, a través del diputado Tomás Cabezón, trasladará este conflicto al Congreso de los Diputados para exigir que “una empresa pública no abandone los servicios de esta manera de un día para otro".