Su Comisión de Personal dictamina favorablemente la entrada en la Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios. Además, la institución aplicará una sentencia del Supremo para retribuir los pluses generados durante las bajas y los periodos de descanso.
La última Comisión de Personal de la Diputación ha dictaminado favorablemente, por unanimidad de todos los grupos políticos, la adhesión de la institución a la Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España (CONBE). Esta agrupación nacional engloba actualmente a 28 diputaciones y ayuntamientos de todo el país, trabajando de manera conjunta por mejorar la financiación y los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Según ha explicado el diputado responsable, esta integración ofrece servicios que resultan de gran utilidad para el parque de bomberos provincial. Entre las ventajas destacan la impartición de cursos específicos de formación, la representatividad ante los organismos de Europa, su papel reivindicador frente a las compañías de seguros y la unificación de los criterios establecidos para las intervenciones. El coste económico de esta medida supone una cuota de ingreso de 4.000 euros, a la que se suma una cuota anual estipulada en 6.000 euros. La decisión definitiva será tomada en el próximo pleno que celebre la corporación, programado para el viernes 10 de abril, toda vez que el primer viernes del mes coincide con jornada festiva.
Por otro lado, durante la sesión también se ha dado cuenta de la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa a la prestación de servicios profesionales en festividades o periodos nocturnos. Este fallo judicial declara el derecho a percibir la retribución por días festivos y nocturnidad durante los períodos de vacaciones, situaciones de incapacidad temporal, días de libre disposición y demás permisos retribuidos, reconociendo además efectos retroactivos.
De este modo, la administración reconoce de oficio a todos los trabajadores afectados el abono de estos conceptos generados en los periodos de baja y descanso. La medida entra en vigor con efectos del 1 de abril de 2026, aplicándose de forma retroactiva un año hacia atrás desde dicha fecha. Para aquellos empleados que ya habían presentado una reclamación formal, el pago se realizará desde la fecha de su solicitud, manteniendo ese mismo año de retroactividad. Cabe destacar que el cálculo económico se efectuará sobre los turnos que a cada trabajador le correspondan en su planilla habitual, descartando el uso de la media del periodo.
Finalmente, los responsables políticos han abordado la dación de cuenta de la Oferta de Empleo Público que abarca el periodo comprendido entre los años 2022 y 2026. Este trámite administrativo se lleva a cabo después de haber culminado el proceso de estabilización laboral, una medida que ha beneficiado de manera directa a 117 trabajadores que prestan servicio en los diferentes departamentos de la casa palacio.