Los socialistas sorianos han respaldado las medidas del Gobierno central para paliar los efectos económicos de la guerra. Además, han reclamado al Ejecutivo autonómico una partida extraordinaria que complemente estas ayudas y se adapte a las necesidades específicas del medio rural y los sectores productivos de la provincia.
El secretario general del PSOE de Soria y diputado nacional, Luis Rey, junto a la procuradora electa y portavoz socialista en la Diputación, Esther Pérez, han analizado el impacto del reciente Real Decreto de 21 de marzo de 2026 aprobado en el Congreso de los Diputados. Los representantes políticos han desgranado las cifras que "afectan directamente a la provincia".
Rey ha mostrado el respaldo de su formación al Gobierno de España por su posición contraria ante el conflicto bélico, que ha motivado la "movilización de 5.000 millones de euros en fondos públicos para ayudar a los españolas con las consecuencias económica que está provocando". El diputado ha lamentado que estas medidas sean consecuencia de una "guerra injusta", señalando que "el fin del conflicto sería la solución ideal para la economía mundial y provincial".
Por su parte, Pérez ha puesto el foco en la "inacción del Ejecutivo autonómico frente a la crisis energética global". La procuradora ha contrastado la respuesta estatal con la "falta de iniciativas" regionales, proponiendo una estrategia autonómica ambiciosa orientada al "bienestar ciudadano y al desarrollo económico sostenible".
El diputado nacional ha detallado el alcance del Real Decreto en la provincia, que impacta en una parte "muy importante de la población". Según los datos aportados, las ayudas llegarán a "3.345 personas beneficiarias del bono social eléctrico y a 54.500 conductores".
El sector primario y el transporte, "fundamentales en la economía soriana", también reciben apoyo directo. Rey ha especificado que las medidas alcanzan a "2.200 explotaciones agrarias y 1.500 ganaderas, así como a 511 empresas de transporte, de las cuales 288 corresponden a trabajadores autónomos". El parque móvil beneficiado incluye "6.441 camiones y 7.700 furgonetas". Rey ha precisado que el texto legal prorroga los "descuentos del bono social eléctrico y aumenta la ayuda mínima del bono térmico a 50 euros". Además, ha valorado positivamente la "rebaja del IVA al 10 % para la electricidad, el gas y la biomasa". En el ámbito agrario, ha subrayado la ayuda extraordinaria de "0,20 euros por litro para el gasóleo y las compensaciones por el encarecimiento de los fertilizantes, que oscilan entre los 22 y 55 euros" por hectárea.
"El decreto, como casi todos los decretos que venimos aprobando, afecta a la inmensa mayoría de la población de Soria", ha asegurado el secretario general, quien ha criticado la postura de la oposición al recordar que "el Partido Popular se abstuvo en esa votación, y VOX votó en contra de medidas que afectan favorablemente a muchos sectores de esta provincia". Además, ha sido muy crítico con los populares, "que no hicieron lo mismo en la guerra de Irak y abandonaron a los españoles", presumiendo de que el Gobierno de Sánchez "los ha apoyado siempre, como lo hace ahora o lo hizo en la guerra de Ucrania", que también se vio acompañada de un encarecimiento de los productos.
Frente a las acciones del Gobierno central, Esther Pérez ha denunciado que la Junta de Castilla y León "ha destinado cero euros" para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis. Ante esta situación, ha planteado la creación de un "fondo autonómico extraordinario" dotado con al menos 200 millones de euros. "Creemos que Castilla y León necesita una estrategia autonómica mucho más ambiciosa de lo que está siendo, orientada al bienestar ciudadano y al desarrollo económico sostenible", ha afirmado la procuradora electa. Este fondo buscaría "proteger a la ciudadanía, sostener el empleo y reforzar la autonomía energética regional".
La portavoz socialista ha desgranado que este fondo permitiría habilitar "ayudas autonómicas complementarias al bono estatal" para los hogares más vulnerables y un fondo de emergencia social gestionado por los propios consistorios. "Todos sabemos que los servicios municipales constituyen la principal red de protección en territorios como el nuestro, especialmente despoblados", ha argumentado Pérez. Asimismo, ha reclamado apoyo financiero para "compensar el aumento del gasto corriente en consultorios médicos, centros educativos y alumbrado público".
En el plano empresarial, la iniciativa contempla instrumentos para "mejorar la liquidez de pymes y autónomos, con especial atención a la agroindustria, la automoción y el comercio rural". La propuesta se estructura en tres ejes principales que buscan "adaptarse a la dispersión territorial y al envejecimiento demográfico" característicos de la comunidad.
Otro de los puntos abordados ha sido la ordenación del territorio en materia energética. El Real Decreto establece las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) y fija criterios para que los proyectos de energía verde dejen un "impacto positivo real" en las zonas productoras. Rey ha destacado la importancia de los nuevos estándares de excelencia social y territorial. "Aquello que hemos dicho siempre, de que aquí se produce y en otros sitios consumen, trata de acortarlo este Real Decreto buscando beneficios territoriales", ha explicado el diputado nacional.
Para obtener esta catalogación de excelencia, los promotores "deberán cumplir varios requisitos fundamentales". Entre ellos, destaca la "obligación de ir más allá de los cauces legales en la participación ciudadana, permitiendo la implicación en el accionariado". También se exigirá la "creación de empleo local, el desarrollo de programas de formación y la integración con la actividad agrícola y ganadera".