El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho público su informe correspondiente a 2025, que confirma 197 denuncias y 177 víctimas en Soria. Aunque la incidencia sigue por debajo de la media nacional, los datos reflejan la persistencia del problema y apuntan a una alta implicación de las mujeres a la hora de denunciar.
La violencia de género continúa siendo una realidad estructural en Soria, aunque con menor incidencia que en el conjunto del país. Según los datos publicados este martes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en 2025 se registraron en la provincia 197 denuncias que afectaron a 177 mujeres, prácticamente en equilibrio entre españolas (88) y extranjeras (89).
En términos relativos, la tasa de víctimas se sitúa en 39,9 por cada 10.000 mujeres, muy por debajo de la media nacional (74) y también inferior a la de Castilla y León (48,4).
Sin embargo, estos datos no ocultan la dimensión del problema ni su persistencia en el tiempo. De hecho, en 2024 ya se habían contabilizado 208 denuncias y 177 víctimas, lo que evidencia una estabilidad en las cifras.
Uno de los rasgos más significativos en Soria es el elevado porcentaje de denuncias interpuestas por las propias víctimas.
En 2025, 157 mujeres dieron el paso de acudir directamente a la policía o al juzgado, lo que supone el 79,7% del total, por encima del 71,61% de la media nacional. Por el contrario, las denuncias procedentes del entorno familiar fueron inexistentes en Soria, una tendencia que también se reproduce a nivel estatal, con sólo un 2% de las presentadas.
La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, subraya la importancia de este dato y advierte de que aún muchas mujeres sufren la violencia en silencio.
En este sentido, insiste en la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones y hace un llamamiento al entorno cercano —familia, amistades o compañeros de trabajo— para que denuncien situaciones de riesgo. A su juicio, no debe recaer toda la responsabilidad sobre la víctima, que en muchos casos mantiene vínculos emocionales o económicos con el agresor.
En cuanto a la respuesta judicial, durante 2025 se solicitaron 93 órdenes de protección en Soria, prácticamente repartidas entre mujeres españolas (47) y extranjeras (46).
La mayor parte de los casos se produce en el ámbito de la pareja o expareja: un 32,26% correspondía a cónyuges y un 22,58% a excónyuges, mientras que el resto se distribuía entre relaciones afectivas actuales o ya finalizadas.
El volumen de delitos ingresados también creció respecto al año anterior, pasando de 232 en 2024 a 259 en 2025. Predominan los delitos de lesiones y malos tratos habituales, con 116 casos, seguidos de quebrantamientos de penas y medidas, lo que evidencia la reincidencia o el incumplimiento de las resoluciones judiciales.
En el ámbito de las medidas de protección, se incoaron 70 órdenes a instancia de las víctimas —con una única denegación— y 23 a petición del Ministerio Fiscal. Entre las medidas adoptadas destacan 73 órdenes de alejamiento, 61 prohibiciones de comunicación y varios casos de privación de libertad.
Especialmente relevante resulta el desenlace judicial de los casos. En Soria, el 100% de los procedimientos enjuiciados terminó con sentencia condenatoria: 56 en total, de las cuales 25 correspondieron a españoles y 31 a extranjeros.
Este dato mejora el del conjunto del país, donde aproximadamente ocho de cada diez sentencias son condenatorias.
Para Esther Rojo, el alto porcentaje de condenas refleja un “funcionamiento eficaz del sistema judicial” y una reducción progresiva de los espacios de impunidad. La presidenta del Observatorio recuerda que cada sentencia condenatoria exige pruebas suficientes y se dicta respetando todas las garantías procesales, en un contexto en el que muchas agresiones se producen en la intimidad y sin testigos directos.
El informe, en definitiva, refleja una estabilidad en el número de víctimas en la provincia de Soria, un ligero aumento de los delitos y una altísima implicación directa de las mujeres en la denuncia.
Al mismo tiempo, se constata una respuesta judicial contundente, con pleno porcentaje de condenas y un uso intensivo de medidas de protección, frente a una escasa implicación del entorno social en la detección y denuncia de los casos.
Víctimas
Denuncias
Origen de las denuncias
Órdenes de protección
Órdenes incoadas
Algunas medidas judiciales adoptadas
Relación víctima-agresor
Delitos (ámbito penal)
Actividad judicial