El paquete de medidas combina financiación empresarial, rebajas fiscales temporales, refuerzo del transporte BUSCYL y políticas de ahorro energético, con distintas vigencias según su naturaleza.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves un conjunto de 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos, con un impacto estimado de 286,7 millones de euros, para hacer frente al encarecimiento de la energía y de los insumos básicos derivado de la crisis en Oriente Medio. Parte del paquete tendrá carácter temporal, en aplicación del decreto estatal vigente hasta el 30 de junio, mientras que otras iniciativas —como el refuerzo del transporte BUSCYL— nacen con vocación de continuidad.
La respuesta autonómica se articula sobre un doble eje: medidas coyunturales para contener el impacto inmediato de la subida de precios y actuaciones estructurales orientadas a reforzar la competitividad y la resiliencia económica de la comunidad.
El mayor volumen económico se concentra en dos ámbitos. Por un lado, las políticas de financiación empresarial, dotadas con 113 millones de euros, que incluyen líneas de crédito bonificado para afrontar el aumento de costes, apoyo a la internacionalización y facilidades para inversiones en autoconsumo energético. A ello se suma la flexibilización de préstamos ya concedidos y el refuerzo de instrumentos vinculados a la Política Agraria Común.
Por otro, el bloque fiscal —condicionado por el Real Decreto-ley estatal aprobado en marzo— concentra 117,4 millones en forma de menor recaudación para la Comunidad. Estas rebajas, limitadas en el tiempo hasta el 30 de junio, afectan a impuestos clave como la electricidad, el IVA energético o los hidrocarburos, y forman parte de un impacto global de 191,2 millones en Castilla y León, compartido entre el Estado y la administración autonómica.
En paralelo, la Junta introduce medidas de carácter estructural en ámbitos considerados "estratégicos". Destacan los 33,3 millones destinados a eficiencia y ahorro energético, con incentivos a empresas industriales y del sector terciario, impulso al autoconsumo, promoción de la biomasa y desarrollo de redes de calor, con especial incidencia en el medio rural.
El paquete incluye también actuaciones en materia de empleo, con 7 millones orientados a la cualificación en sectores tecnológicos, energéticos o logísticos, así como programas de atracción y retención de talento. En el ámbito social, se reserva un millón de euros para reforzar los bonos de urgencia dirigidos a familias vulnerables.
Uno de los elementos con mayor proyección a medio plazo es el refuerzo del transporte público autonómico. La Junta destina 5 millones al sistema BUSCYL para incrementar rutas y frecuencias ante el encarecimiento de los combustibles, una medida que el Ejecutivo autonómico plantea con continuidad más allá del contexto actual.
Finalmente, se habilitan 10 millones para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, con medidas orientadas a compensar el aumento de costes en contratos, suministros y obras, así como la solicitud de ajustes en los plazos de ejecución de fondos europeos.