Los populares proponen un modelo de recuperación del edificio solicitando la cesión del mismo por parte de la Diputación para darle un doble uso. Cabe señalar, que fue la propia Diputación, gobernada entonces por el PP, la que cerró las instalaciones en el año 2010.
El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Ágreda ha denunciado la "falta de gestión" del equipo de gobierno respecto al edificio de la residencia Sor María de Jesús, cerrado desde el año 2010. Los populares han propuesto un proyecto para reactivar las instalaciones y han anunciado posibles medidas legales tras impedirse la asistencia telemática de una concejala al último pleno municipal. La concejala del Partido Popular, Irene Carmona, ha trasladado la posición de su grupo sobre la situación de la residencia. El centro lleva cerrado desde el año 2010, clausurado entonces por el gobierno popular de la Diputación de Soria. Desde esa fecha, se han iniciado unas obras en 2011 "por valor de 334.500 euros que han quedado sin terminar", y se ha encargado "un estudio en 2017 que no ha tenido ninguna ejecución real".
Carmona ha señalado directamente al alcalde de la localidad, el socialista Jesús Manuel Alonso. "El señor Alonso ha intentado trasladar en repetidas ocasiones a la ciudadanía que el problema ha sido siempre el Partido Popular. Pero los hechos desmontan este discurso", ha afirmado la edil, quien ha asegurado que el bloqueo actual es un problema de "falta de gestión y de voluntad" por parte del equipo de gobierno.
La representante popular ha criticado duramente la propuesta presentada por la alcaldía en la comisión de hacienda del pasado 25 de marzo y en el pleno del día 30. Según ha explicado, el planteamiento "exigía compromisos económicos a las instituciones sin contar con un proyecto técnico previo". Además, ha lamentado que en ambas sesiones se ha "rechazado convocar una reunión conjunta de todos los grupos políticos para poner en común ideas", lo que ha considerado una "vulneración del derecho a la representación política".
"Planteaba pedir financiación a las instituciones, tanto regional como provincial, sin proyecto, y exigía compromisos económicos sin una base técnica", ha detallado Carmona. Además, ha calificado de "disparate político" la inclusión de unas cláusulas de penalización que obligarían a devolver el triple del importe otorgado si no se cumplían los acuerdos. "Esto significa, en pocas palabras, pedir dinero y que te lo den sin saber en qué te lo vas a gastar. Ninguna administración aceptaría estas condiciones", ha sentenciado.
Frente a esta situación, el Partido Popular ha recordado la oferta realizada por la Diputación Provincial. La institución provincial "se ofreció en diciembre de 2024 a ceder el edificio al Ayuntamiento de Ágreda por un periodo de 50 años y a sufragar el 25 % de los gastos de rehabilitación y funcionamiento, a lo que se sumaría otro 25 % procedente de la Caja de Cooperación", también dependiente de la Diputación de Soria.
Carmona ha hecho referencia al proyecto de centro intergeneracional planteado por el Gobierno socialista de la Diputación en 2017, señalando que entonces se han proyectado casi un millón de euros en gastos de personal, una cifra que hoy rondaría los 1,4 millones debido a la inflación. "Lo que sí tenemos muy claro es que ese gasto es inasumible por parte de ninguna institución que apoye al ayuntamiento", ha advertido. Por ello, ha defendido el modelo de cesión a medio siglo, similar al aplicado con "éxito en el centro San Agustín de El Burgo de Osma". Según ha defendido el PP, esta fórmula permitiría al consistorio agredeño tener la libertad necesaria para solicitar subvenciones a otras administraciones, como la Junta de Castilla y León o los fondos europeos Next Generation.
Para dar uso a los 5.000 metros cuadrados de las instalaciones, el grupo municipal ha propuesto un plan de acción de cuatro fases: estudio de viabilidad, diseño del proyecto técnico, búsqueda de financiación y ejecución de las obras. "Ágreda no necesita más titulares, sino que necesitamos gestión, un proyecto y un compromiso", ha subrayado la concejala. El proyecto popular se estructura en dos pilares fundamentales. El primero, en la atención a mayores, contemplando una residencia de larga estancia, un centro de día y programas de envejecimiento activo. El segundo pilar es la creación de un espacio municipal que albergaría sedes de asociaciones, zonas juveniles y de estudio, servicios administrativos como los CEAS, y la remodelación de la capilla para uso cultural, además del aprovechamiento de las zonas ajardinadas exteriores.
Irene Carmona ha anunciado que el grupo municipal está valorando ejercitar acciones legales. El motivo ha sido la negativa del alcalde a permitir su asistencia telemática al pleno ordinario del pasado 30 de marzo, sesión en la que precisamente se ha debatido la solicitud de cesión de la residencia.
La concejala ha argumentado que el reglamento de organización del Ayuntamiento, publicado en el BOP de Soria el 27 de mayo de 2024, permite en su artículo 13 la asistencia telemática por motivos laborales o de enfermedad, algo que, según ha indicado, ya se ha autorizado a otros ediles en plenos anteriores. "Consideramos que impedir a un concejal entrar al pleno ordinario del ayuntamiento es una vulneración del artículo 23 de la Constitución y un impedimento de ejercer el derecho de representación política", ha concluido.