El debate sobre la reapertura de la residencia Sor María Jesús de Ágreda ha derivado este viernes en un enfrentamiento directo entre el alcalde socialista y diputado provincial, Jesús Manuel Alonso Jiménez, y el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, evidenciando diferencias de fondo sobre financiación, modelo y liderazgo institucional.
La sesión plenaria de la Diputación ha dejado hoy uno de los momentos más tensos de la jornada en un improvisado debate no incluido en el orden del día sobre la reapertura de la residencia Sor María de Jesús de Ágreda, un equipamiento que, lejos de concitar consensos, sigue encallado en desacuerdos políticos y técnicos. El intercambio entre Alonso Jiménez y Serrano, producido en el punto 6 del orden del día —relativo al expediente de modificación de créditos 2/2026—, ha reflejado dos visiones enfrentadas: la del impulso municipal que reclama implicación económica y claridad institucional, y la de una Diputación que exige concreción y cuestiona la viabilidad del planteamiento socialista.
La modificación de créditos es el instrumento con el que la institución provincial redefine sus partidas y decide qué proyectos financia. Por ello, el debate sobre Ágreda se traslada a este punto: es ahí donde podía materializarse —o quedar fuera como ha sucedido— cualquier compromiso económico con la residencia.
El alcalde de Ágreda ha centrado su intervención en "la falta de planificación" y en lo que considera "una escasa voluntad de diálogo previo" por parte del equipo de gobierno provincial. Y ha reprochado que proyectos de este calado no se trabajen desde fases iniciales en comisión, con participación real de los grupos, criticando la dependencia de convocatorias externas —en particular de fondos europeos no materializados— como base de la estrategia financiera. También ha deslizado la necesidad de implicar a la Junta de Castilla y León, subrayando que la competencia en materia de mayores recae en la administración autonómica.
En el núcleo del desacuerdo aparece el propio diseño del proyecto. Serrano ha cuestionado abiertamente la indefinición del modelo planteado por el Ayuntamiento, que —según ha expueto— ha evolucionado desde un centro intergeneracional hacia una instalación con múltiples usos (residencia, ludoteca, servicios sanitarios), sin una memoria clara ni un encaje económico preciso. El presidente provincial ha puesto el acento en la inseguridad jurídica y financiera de propuestas que incluyen cláusulas penales elevadas en caso de incumplimiento, lo que, a su juicio, dificulta cualquier compromiso institucional serio.
El tono del debate se ha elevado cuando Serrano ha negado falta de interlocución y defendido que los cauces de participación existen en las comisiones, sugiriendo que el problema "no es la ausencia de espacios, sino el contenido de las propuestas". Frente a sus críticas, Alonso ha insistido en que el Ayuntamiento "no pretende imponer un modelo cerrado", sino abrir una “oportunidad histórica” para recuperar un edificio y dotarlo de uso social, apelando a la cooperación entre administraciones.
Más allá del cruce dialéctico, el trasfondo revela un desacuerdo estructural: quién lidera el proyecto, cómo se financia y bajo qué condiciones se ejecuta. El Ayuntamiento plantea incluso solicitar la cesión del inmueble y asumir parte de la inversión, mientras que la Diputación se remite a la necesidad de propuestas definidas antes de comprometer recursos. Precisamente, la ausencia de una partida clara en esta modificación presupuestaria ha actuado como detonante del enfrentamiento.
Con esta situación, el futuro de la residencia Sor María de Jesús sigue sumido en la incertidumbre. El equipo de Gobierno municipal mantiene su exigencia de una financiación blindada mediante cláusulas penales que obliguen a la Junta y a la Diputación a aportar el 75% del coste antes de aceptar la gestión del edificio. Este alejamiento de posturas, sumado a la falta de una respuesta formal coordinada entre las administraciones implicadas, deja el proyecto en un bloqueo técnico y político similar al que arrastra desde su cierre en 2010.
Con la próxima publicación de los audios del pleno y la oferta de un debate público por parte del alcalde para confrontar visiones, la controversia se traslada ahora al terreno de la opinión pública. Entretanto, el edificio de 5.000 metros cuadrados permanece sin uso en el corazón de Ágreda, convertido en un símbolo del desacuerdo político que, por el momento, no ofrece una solución real ni inmediata para los vecinos.