El pleno de la Diputación provincial ha tenido en la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto de 2025 su eje central, en una sesión marcada por el contraste entre el volumen histórico de recursos gestionados y las críticas de la oposición por el bajo nivel de ejecución. El debate, de fuerte contenido técnico, derivó en un intercambio político sobre la capacidad real de gestión, el uso de los remanentes y el impacto de las inversiones en la provincia.
El Pleno de la Diputación provincial ha cerrado el ejercicio 2025 con un presupuesto definitivo de 142,5 millones de euros, tras incorporar más de 64 millones en modificaciones sobre las cuentas iniciales de 77,7 millones. El presidente de la institución, Benito Serrano, ha defendido en la sesión celebrada hoy que se trata de una “cifra récord” que ha permitido sostener proyectos estratégicos y ampliar políticas públicas, especialmente en el ámbito social y de infraestructuras.
Según el equipo de Gobierno, el incremento presupuestario ha servido para reforzar servicios como la ayuda a domicilio, avanzar en la red de carreteras, impulsar infraestructuras como parques de bomberos y mantener iniciativas vinculadas a fondos europeos, entre ellas programas de sostenibilidad turística o lucha contra la despoblación. Serrano ha subrayado, además, la carga de trabajo que este volumen ha supuesto para la institución y sus técnicos, en un contexto de ampliación de la relación de puestos de trabajo y procesos de estabilización. A todo el personal ha agradecido su esfuerzo.
Sin embargo, el dato clave que ha centrado la controversia fue el grado de ejecución. A 31 de diciembre, la ejecución se situó en torno al 51,9 %, según los datos destacados por la oposición, que la tilda de “insuficiente” y que se convierte en el principal argumento crítico.
Desde Vox, Eduardo Álvarez ha cuestionado la gestión económica al considerar que el elevado volumen presupuestario no se traduce en ejecución real. Álvarez ha cuestionado que más de 41 millones de euros no estaban comprometidos y que el superávit responde, a su juicio, a la incapacidad de gasto. “No es ahorro, es falta de ejecución”, ha resumido, acusando al equipo de gobierno de actuar como “un banco” en lugar de una administración inversora.
El grupo socialista, a través de Esther Pérez, ha insistido en esa misma línea, calificando la ejecución de “bajísima” y “peor que en etapas anteriores”. Recordó que porcentajes superiores al 60% fueron criticados en el pasado por el actual equipo de gobierno y subrayado que el dato de 2025 es uno de los más bajos de la serie reciente. Especialmente preocupante, ha indicado, es el capítulo de inversiones, donde se concentra cerca del 70% del gasto no ejecutado. El PSOE reclama mayor planificación y agilidad administrativa para evitar que los recursos queden sin materializar.
Frente a estas críticas, Serrano ha defendido que la fotografía a cierre de ejercicio no refleja la realidad completa. Argumenta que muchas partidas no ejecutadas en diciembre se encuentran actualmente en fases avanzadas de tramitación o ya ejecutadas, debido a la prolongación de plazos, la flexibilidad en la justificación de ayudas y la complejidad de los proyectos financiados con fondos europeos.
El presidente ha insistido en que la Diputación “ha comprometido todo el gasto posible” dentro de los condicionantes administrativos y atribuye parte de los retrasos a factores externos, como autorizaciones de otras administraciones. También rechaza las acusaciones de presión fiscal, recordando que la institución no tiene capacidad normativa sobre los principales impuestos.