La Junta de Castilla y León aprueba la modificación de la autorización ambiental de Distiller. Los cambios permitirán reubicar equipos térmicos e incorporar nuevas operaciones para la regeneración de disolventes.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha dado luz verde a la modificación de la autorización ambiental de la planta de gestión y tratamiento de residuos que la empresa Distiller S.A. opera en la localidad de Ólvega. El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes la orden que ratifica estos cambios, considerados de carácter no sustancial, y que permiten a la compañía adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades operativas y a la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados.
Según recoge el documento oficial, rubricado por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, las variaciones solicitadas por la mercantil se agrupan en dos expedientes que han sido tramitados de forma conjunta. Por un lado, la empresa ha notificado el cambio de ubicación de su oxidador térmico, así como la separación física del evaporador y el propio oxidador. Esta primera modificación lleva aparejada también la necesaria adaptación de todo el complejo industrial a los preceptos de la Ley 7/2022 para una economía circular.
Por otro lado, la planta olvegueña incorporará a partir de ahora nuevas operaciones de filtración y decantación dentro de su línea de tratamiento destinada a la recuperación y regeneración de disolventes. Tal y como ha explicado la administración autonómica, este proceso permitirá regenerar flujos de disolventes residuales provenientes de terceros, ampliando así la capacidad operativa de estas instalaciones ubicadas en la avenida de Barcelona del municipio moncaíno.
Durante la tramitación de este expediente, que inició su recorrido administrativo a finales del año 2024, la empresa aportó diversa documentación complementaria y decidió desistir de su solicitud inicial para gestionar determinados tipos de residuos, concretamente varias categorías de pilas, baterías y acumuladores. La Junta ha aceptado este desistimiento, declarando concluso el procedimiento respecto a estos materiales específicos.
El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático ha determinado que todas estas variaciones no representan una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente, motivo por el cual han recibido la catalogación de modificaciones no sustanciales. La planta mantiene su capacidad máxima de tratamiento fijada en 70.890 toneladas anuales, operando con cuatro turnos de trabajo en unas instalaciones que superan los 25.000 metros cuadrados de superficie construida.
A partir de la publicación de esta orden, que pone fin a la vía administrativa, el titular de la instalación dispone de un plazo de tres meses para comunicar la puesta en marcha de las modificaciones mediante una declaración responsable. Asimismo, la empresa deberá acreditar el mantenimiento de las correspondientes fianzas y seguros de responsabilidad civil exigidos para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia.