El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este jueves la interposición de un recurso contra el real decreto de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España. La decisión, anunciada por el consejero portavoz, se fundamenta en la ausencia de información a las comunidades autónomas, las dudas sobre el encaje en la normativa europea y la falta de garantías en los mecanismos previstos para acreditar los requisitos de acceso al proceso.
La Junta de Castilla y León formalizará en los próximos días un recurso contra el decreto estatal que prevé la regularización de hasta 500.000 inmigrantes en España. El Ejecutivo autonómico sostiene que la medida se ha aprobado “sin diálogo” con las comunidades ni con las corporaciones locales, pese a que estas administraciones gestionan competencias clave en materia de servicios públicos, integración social y empleo.
Según ha explicado el portavoz del Gobierno autonómico tras la reunión del Consejo, la decisión ya está tomada a nivel político, aunque serán ahora los servicios jurídicos los encargados de determinar la vía concreta del recurso, así como la posibilidad de solicitar medidas cautelares que suspendan temporalmente el procedimiento.
Uno de los principales argumentos de la Junta se centra en el posible conflicto con la normativa europea. El Ejecutivo autonómico advierte de que la regularización masiva podría tener efectos en la libre circulación dentro de la Unión Europea, al permitir que personas regularizadas en España puedan desplazarse por el espacio comunitario.
A su juicio, el volumen previsto podría generar “un impacto relevante” en la política de control de fronteras y en la coordinación entre Estados miembros.
En paralelo, el Gobierno regional cuestiona los mecanismos establecidos para acreditar los requisitos exigidos a los solicitantes. La Junta considera que los procedimientos previstos “no garantizan” que se cumplan condiciones como la residencia efectiva en el país, al admitir documentación que, según denuncian, no permite verificar de forma fehaciente la situación de los interesados.
La crítica se extiende también a la falta de información oficial. La Junta asegura que no dispone de datos sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la medida ni sobre sus características. “No sabemos cuántos son, en qué condiciones ni qué impacto tendrán en los servicios públicos”, ha resumido el portavoz, que atribuye esta incertidumbre a la ausencia de coordinación institucional.
Precisamente la ausencia de cifras por parte de la Junta ha protagonizado uno de los momentos más insistentes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
A preguntas reiteradas de los periodistas, que han recordado que otras comunidades autónomas y organizaciones como sindicatos sí han realizado estimaciones, el consejero portavoz ha evitado ofrecer cualquier cálculo aproximado y se ha limitado a señalar que el Gobierno autonómico “no dispone de datos”.
Las cifras oficiales a nivel nacional son inexistentes por la propia naturaleza de la irregularidad administrativa en la que se encuentran muchos inmigrantes, pero el análisis de los datos demográficos disponibles y su cruce con otros, como los del Observatorio Permanente de la Inmigración sugiere que el proceso podría beneficiar en Soria a entre 900 y 1.100 nuevos residentes, como ya publicó Soria Noticias en enero.
Frente al decreto estatal de regularización, la Junta contrapone lo que define como un modelo de “integración ordenada” basado en el empleo.
Castilla y León supera actualmente los 101.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord para un mes de marzo y con un crecimiento superior a la media nacional, según ha destacado el portavoz.
El Ejecutivo autonómico defiende que la incorporación de población inmigrante debe canalizarse a través del mercado laboral, con contratos en origen regulados, cotización y acceso pleno a derechos.
En este sentido, Fernández Carriedo considera que una regularización extraordinaria sin garantías suficientes puede generar distorsiones tanto en el empleo como en la prestación de servicios públicos.
Además, desde el ámbito empresarial ha subrayado que las necesidades del tejido productivo no siempre se corresponden con los perfiles profesionales que podrían emerger de un proceso de regularización masiva.
Otro de los elementos que preocupa a la Junta es la capacidad administrativa para gestionar el proceso. El Gobierno autonómico apunta a la saturación de oficinas y servicios vinculados a extranjería, así como a la proliferación de solicitudes y documentación en distintos organismos, sin que exista una planificación clara.