La Consejería de Educación publica la resolución definitiva para las agrupaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León. La federación soriana se encuentra entre las doce entidades beneficiarias para el presente periodo lectivo.
El Boletín Oficial de Castilla y León ha dado a conocer en su edición de este lunes, 20 de abril, la orden por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar las actividades de las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria. Un montante económico que busca respaldar el funcionamiento de estos colectivos durante el presente curso escolar 2025-2026 en toda la Comunidad.
En lo que respecta a la provincia, la resolución firmada por la consejera de Educación, Rocío Lucas, establece una inyección económica de 4.242,40 euros para FEDAMPA Soria. La agrupación soriana ha obtenido una puntuación de seis puntos en el proceso de baremación, situándose en la zona media de una tabla que reconoce el trabajo de doce entidades de ámbito provincial y autonómico.
A nivel autonómico, la mayor cuantía ha recaído en la confederación regional Confapacal, que percibirá 7.500 euros tras alcanzar la máxima puntuación del proceso con un 9,75. Tras ella, las federaciones de centros públicos de Zamora, Valladolid y Palencia han logrado 5.000 euros cada una, completando así los tramos más altos de estas ayudas institucionales.
Por otro lado, el departamento autonómico ha denegado la solicitud a cuatro agrupaciones de la Comunidad, toda vez que no cumplían con las bases establecidas en la orden de convocatoria del pasado mes de noviembre. Según ha explicado la Consejería, estas entidades concurrían como asociaciones individuales y no como federaciones o confederaciones inscritas en el censo oficial, requisito indispensable para acceder a esta línea de financiación.
Así las cosas, la orden pone fin a la vía administrativa, abriendo ahora un plazo de un mes para la interposición de un posible recurso de reposición ante la propia Consejería, o bien de dos meses en caso de acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.