El consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado concretar cómo se materializará un posible acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular y Vox, en un contexto marcado por las exigencias del partido de Santiago Abascal.
La negociación para la formación del próximo gobierno en Castilla y León avanza entre la discreción institucional y las tensiones políticas que llegan desde otros acuerdos autonómicos del PP con Vox. En el foco, las condiciones que el partido de ultraderecha ha defendido en materia de inmigración y acceso a servicios sociales, un marco que ya ha condicionado pactos como el de Extremadura donde el texto firmado entre los dos partidos recoge la "prioridad nacional" en el acceso a vivienda protegida y prestaciones sociales.
Preguntado reiteradamente por cómo podría trasladarse ese esquema a Castilla y León, el consejero (que forma parte del equipo negociador del PP de Castilla y León con Vox) ha evitado cualquier concreción. “La prudencia es una gran virtud”, ha respondido hoy, subrayando que el Ejecutivo autonómico no entrará a valorar acuerdos ajenos ni a anticipar el resultado de las negociaciones en curso.
El responsable autonómico ha insistido en que cada comunidad autónoma presenta “circunstancias propias”, derivadas de su realidad sociodemográfica, su gestión previa y sus políticas públicas. En ese sentido, ha defendido que Castilla y León ya ha alcanzado determinados objetivos que en otros territorios siguen en discusión, como la gratuidad de la educación de 0 a 16 años.
También ha puesto el acento en indicadores económicos y fiscales, como la reducción de impuestos o la posición de la Comunidad en el impuesto sobre la renta, para argumentar que los retos no son homogéneos entre autonomías. “Son realidades diferentes y, por eso, los objetivos también lo son”, ha señalado.
Sin embargo, los periodistas han insistido repetidamente en cuestiones más sensibles políticamente, como la posible incorporación del concepto de “prioridad nacional” en el acceso a los servicios sociales y a la vivienda. El consejero ha evitado pronunciarse: “No estoy aquí para valorar a otros partidos políticos”, ha zanjado.
Tampoco ha querido entrar a evaluar el acuerdo de Extremadura ni sus implicaciones en materia de inmigración, limitándose a señalar que “respetan a todas las comunidades autónomas” y que cualquier valoración se realizará únicamente cuando exista un acuerdo cerrado en Castilla y León.
Sobre el estado de las negociaciones, el Ejecutivo autonómico no ha ofrecido plazos ni escenarios. “Es difícil hacer un pronóstico”, ha reconocido, al tiempo que ha insistido en que cualquier información será comunicada cuando el pacto esté formalizado.
Preguntado por si conceptos como “humanismo solidario”, utilizados recientemente por el presidente autonómico, tendrán traducción en el acuerdo con Vox, el consejero ha vuelto a evitar definiciones: “Cuando haya acuerdo, se dará información detallada. Ahora lo prudente es esperar”.
En paralelo a las negociaciones, el anuncio de un recurso contra la regularización de inmigrantes ante el Tribunal Supremo introduce un nuevo frente en la posición del Gobierno de Castilla y León.
El consejero ha confirmado que la Junta recurrirá el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central, una decisión que, según ha explicado, responde a criterios estrictamente jurídicos. El recurso se presentará directamente ante el Tribunal Supremo, al considerar los servicios jurídicos autonómicos que es la vía “más oportuna”, sin necesidad de recabar informe del Consejo Consultivo ni de someterlo al Consejo de Gobierno.
La base de la impugnación se centrará en el encaje del proceso con la normativa europea, especialmente en lo relativo al principio de libre circulación de personas dentro de la Unión. El Ejecutivo autonómico sostiene que existen dudas sobre cómo este proceso de regularización puede afectar a ese marco comunitario, en línea con las “preocupaciones” que, según el consejero, ya han sido expresadas por instancias europeas.
A este argumento se suma la crítica a los mecanismos administrativos establecidos para acreditar los requisitos exigidos. La Junta considera que se trata de procedimientos “extraordinariamente complejos”, que generan dificultades prácticas para los solicitantes y que, en algunos casos, ni siquiera garantizan que se puedan cumplir las condiciones exigidas. Como ejemplo, el consejero ha aludido a las colas, los trámites y las complicaciones que se están registrando en los últimos días.
El recurso contará con informes de la Consejería de Familia y de los servicios jurídicos de la comunidad, pero no requerirá el aval del órgano consultivo autonómico. Esta vía, más ágil desde el punto de vista administrativo, permite a la Junta activar la respuesta judicial sin dilatar los plazos.
Así, mientras el Gobierno autonómico mantiene el silencio sobre el contenido de un eventual pacto de legislatura, sí avanza en la vía judicial para cuestionar uno de los elementos más controvertidos de la política migratoria estatal, consolidando un posicionamiento que combina la cautela en la negociación política con una actuación más definida en el terreno jurídico.