La tercera convocatoria del año amenaza con nuevos retrasos en la asistencia sanitaria mientras permanecen enquistadas las negociaciones con el Ministerio
Castilla y León afronta desde hoy lunes una nueva semana de huelga médica que se prolongará hasta el día 30, en el marco de una convocatoria de carácter nacional que vuelve a tensionar la actividad asistencial.
El paro, tercero en lo que va de año, provocarán retrasos y anulaciones en consultas, pruebas diagnósticas y cirugías, tal y como ya ocurrió durante las jornadas de huelga secundadas en febrero y marzo. Sólo en la convocatoria de este último mes, fueron 3.282 consultas las canceladas, a lo que se sumaron 36 operaciones suspendidas y 174 pruebas diagnósticas aplazadas.
Junto al calendario de paros, los convocantes han organizado concentraciones junto al hospital de Santa Bárbara este lunes y el jueves a las 12. El martes, a las 18 horas, a protesta salta a la subdelegación de Gobierno en la capital soriana, mientras que el miércoles está copnvocada una concentración autonómica en la plaza Mayor de Valladolid.
La movilización ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).El conflicto llega tras semanas de contactos sin resultados. Desde la última huelga, en marzo, se han celebrado cuatro reuniones entre el Ministerio y los representantes sindicales sin que se haya logrado un acuerdo que permita desconvocar los paros.
El cruce de propuestas entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga médica evidencia que, pese a algunos avances formales, el conflicto sigue anclado en desacuerdos estructurales. Las posiciones divergen en cuatro ejes principales: modelo de negociación, jornada laboral, clasificación profesional y jubilación, a los que se suman diferencias relevantes en retribuciones y reconocimiento profesional.
El principal punto de bloqueo es el ámbito de negociación. El Ministerio plantea reforzar los mecanismos existentes dentro del marco general de representación sindical, abriendo la puerta a ámbitos específicos dentro del sector sanitario, pero siempre supeditados a la normativa vigente. Los sindicatos médicos, en cambio, consideran esta fórmula insuficiente y reclaman un sistema propio, con mesas de negociación exclusivas y respaldo legal específico que evite la dependencia de órganos generales. Alertan, además, del riesgo de bloqueo por parte de organizaciones mayoritarias y exigen una reforma normativa previa que garantice ese espacio propio.
La jornada laboral es otro foco de discrepancia. La propuesta ministerial fija un máximo inicial de 45 horas semanales, con una reducción progresiva hasta 40 en cinco años, y mantiene la flexibilidad organizativa en manos de las comunidades autónomas. También limita las guardias a 17 horas, salvo excepciones voluntarias. Frente a ello, los sindicatos reclaman una jornada ordinaria de 35 horas semanales de aplicación directa, con consideración de las horas de guardia como extraordinarias —y no complementarias—, mejor retribuidas y computables a efectos de jubilación.
En materia de clasificación profesional, el Ministerio se compromete a adaptar el sistema al marco europeo (MECES) y a revisar la ordenación profesional, pero sin concretar cambios. Los sindicatos consideran esta indefinición inaceptable y exigen una reclasificación que sitúe a los médicos —con o sin especialidad— en niveles superiores, vinculada a su responsabilidad clínica y con impacto directo en las retribuciones básicas.
También hay diferencias en jubilación. El Ministerio propone habilitar la jubilación anticipada conforme a la normativa general y activar la jubilación parcial. Los sindicatos van más allá y reclaman un sistema flexible entre los 60 y 70 años, con posibilidad de retiro anticipado sin penalizaciones mediante coeficientes reductores, al considerar la profesión de especial penosidad.
En el plano retributivo, el Gobierno introduce un componente específico ligado a la penosidad de las guardias, pero deja su cuantificación en manos autonómicas. Los representantes médicos consideran insuficiente este enfoque y piden una revisión integral que incluya pagas extraordinarias completas y una mejor valoración del trabajo extraordinario.
Finalmente, subyace una discrepancia de fondo sobre el modelo de gobernanza del sistema. El Ministerio apuesta por un marco común adaptable por las comunidades autónomas, mientras los sindicatos denuncian que esa descentralización diluye compromisos y retrasa soluciones, al carecer de calendarios y garantías concretas.
El resultado es un escenario de negociación abierto pero sin avances sustantivos. El comité de huelga mantiene las movilizaciones al considerar que la propuesta ministerial no resuelve ninguno de los “problemas nucleares”, mientras el Gobierno defiende su planteamiento como un marco progresivo compatible con la sostenibilidad del sistema sanitario.
Desde el Comité de Huelga se denuncia, por el contrario, una “falta de propuestas reales” por parte del Ministerio y se reclama la dimisión de la ministra, a quien acusan de “manipulación del relato” y falta de rigor en la negociación.