Los empleados en activo de la empresa convocan una asamblea para paralizar la actividad en fechas clave. La decisión llega tras denunciar lo que la plantilla considera como inacción sindical y exigir el abono de las cantidades adeudadas.
El colectivo laboral en activo de la empresa soriana Ondara ha decidido dar un paso al frente ante la situación de desamparo que vienen padeciendo, promoviendo la celebración de una asamblea con el objetivo de convocar una huelga en días de especial trascendencia. La alternativa surge como medida de presión ineludible para garantizar el cobro de las cantidades salariales que la dirección adeuda a la totalidad de la plantilla, en un momento en el que los cauces de negociación habituales parecen haber llegado a un punto muerto.
Según fuentes de la plantilla, el detonante de esta decisión se producía ayer lunes, 27 de abril, durante una reunión mantenida con el Comité de Empresa y los representantes de CCOO y UGT para el seguimiento del ERTE. Según han explicado los propios afectados, la plantilla solicitó expresamente la convocatoria de paros, encontrando una respuesta negativa por parte de los asesores sindicales. Estos se limitaron, afirman los empleados, a indicar que la medida "no es conveniente ni beneficiosa" para la plantilla. Una respuesta que no aportar, a juicio de los afectados, argumentos claros que respalden dicha postura habida cuenta de la gravedad del contexto actual.
Esta negativa sindical llueve sobre mojado, enlazando con un episodio que la plantilla califica de especialmente grave. Como se recordará, CCOO y UGT promovieron una huelga indefinida para el pasado 6 de abril que nunca llegó a ser efectivamente convocada. Los trabajadores en activo tuvieron conocimiento de esta desconvocatoria tácita el día 9, generándose una profunda incertidumbre, siendo que esta falta de información situó a muchos empleados en riesgo de sufrir descuentos salariales, consumo forzoso de vacaciones o posibles sanciones disciplinarias al creer vigente un derecho a huelga inexistente en la práctica.
Ante este escenario, los trabajadores han lamentado que las decisiones estén siendo adoptadas de forma unilateral por representantes externos a la empresa, quienes trasladan su criterio sin promover procesos de consulta o consenso. En este punto, consideran insuficiente la alternativa sindical de realizar concentraciones a las puertas de las instalaciones ubicadas en Garray, apostando por actuaciones que incidan directamente en los intereses de la compañía, como podría ser la no colaboración en la renovación de certificados críticos.
A la tensión laboral se suma una compleja situación representativa, encontrándose el actual comité de empresa caducado desde hace aproximadamente un año, contraviniendo el Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, tras la progresiva reducción de la plantilla iniciada en 2021 hasta situarse en los 42 trabajadores actuales, este órgano debería estar compuesto por tres miembros, si bien continúa integrado por nueve personas. Esta sobrerrepresentación ha llevado a cerca de la mitad de la plantilla a promover elecciones sindicales, una iniciativa frenada por la representación vinculada a los sindicatos mayoritarios, argumentando la incompatibilidad con la situación de la empresa.
Así las cosas, con el convenio colectivo caducado y un sentimiento generalizado de abandono, los trabajadores han hecho un llamamiento expreso a las instituciones públicas competentes. Buscan que estas intervengan de manera activa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, restaurando un marco de legalidad y seguridad que permita encauzar una crisis que amenaza el sustento de más de cuarenta familias sorianas.