La localidad aprueba definitivamente su ordenanza reguladora para el mantenimiento de parcelas urbanas. Los propietarios deberán desbrozar sus terrenos antes del 1 de junio bajo pena de multas hasta los 10.000 euros.
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este miércoles la aprobación definitiva de la normativa municipal que regula la limpieza y vallado de parcelas en Arcos de Jalón. Sin que hayan sido han presentadas reclamaciones durante el periodo de exposición pública, el Consistorio que encabeza Jesús Peregrina ha dado luz verde a un documento que busca garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público en el municipio.
El reglamento normativa establece la obligación para propietarios, arrendatarios o usufructuarios de mantener los terrenos debidamente desbrozados. Ante proximidad de la época estival, el texto fija el 1 de junio como fecha límite anual para eliminar la capa vegetal y los materiales susceptibles de provocar incendios, debiendo mantenerse este estado de limpieza durante todo el verano.
Asimismo, el texto prohíbe terminantemente arrojar basuras, escombros o mobiliario en estos espacios. En lo referente al cerramiento, se impone la obligación de vallar todos los solares ubicados en suelo urbano mediante una tapia ciega de al menos dos metros de altura, o bien una combinación de muro opaco y cierre transparente, requiriendo siempre la preceptiva licencia municipal para acometer estas obras.
Como aspecto destacado, el Ayuntamiento arcobrigense contempla la posibilidad de acondicionar estos espacios privados para uso de aparcamiento o zona ajardinada con carácter temporal. Con el consentimiento expreso de la propiedad, los dueños quedarán eximidos de su obligación de vallado y mantenimiento mientras el Ayuntamiento utilice la parcela en cuestión para el disfrute público.
Para garantizar el cumplimiento de estas directrices, el Consistorio ha establecido un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Así las cosas, el mal estado de conservación o la falta de cerramiento requerido podrán acarrear multas económicas que oscilan entre los 150 euros para las faltas de menor entidad, hasta los 10.000 para los incumplimientos más severos o reiterados, reservándose la Alcaldía la potestad de ejecución subsidiaria a costa del infractor.