La Junta de Castilla y León ha confirmado que un ciudadano empadronado en Lerma (Burgos) viaja entre los españoles a bordo del crucero afectado por una situación sanitaria vinculada a un brote de hantavirus, cuya llegada a Canarias está prevista para este domingo. El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha hoy pedido prudencia y coordinación al Gobierno central, mientras el Ejecutivo autonómico permanece a la espera de información médica y de las decisiones finales sobre el dispositivo sanitario.
El consejero portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado hoy que entre los ciudadanos españoles que viajan en el crucero afectado por una situación sanitaria vinculada a un brote de hantavirus se encuentra un vecino de la comunidad, empadronado en la localidad burgalesa de Lerma, Burgos.
El consejero portavoz ha subrayado que, con la información disponible, no consta que ninguno de los españoles a bordo presente síntomas de la enfermedad, aunque ha advertido de la incertidumbre asociada al periodo de incubación, que podría prolongarse entre seis y ocho semanas, lo que impide descartar completamente la aparición posterior de casos.
El barco tiene previsto su llegada a Canarias este domingo, donde se ofrecería a los pasajeros la posibilidad de ser trasladados a instalaciones sanitarias, entre ellas el hospital militar Gómez Ulla. Sin embargo, según trasladó Carriedo, aún no existe una decisión cerrada sobre si la cuarentena será de carácter obligatorio o voluntario, debido a discrepancias internas entre distintos ministerios.
El portavoz autonómico ha insistido en la necesidad de “coordinación y una posición común” por parte del Ejecutivo central, al tiempo que ha pedido prudencia en la gestión de la información. A su juicio, las distintas declaraciones públicas registradas en las últimas horas reflejan cierta falta de unidad en el mensaje institucional.
En relación con los posibles escenarios, Carriedo apuntó que, si el ciudadano burgalés regresara finalmente a Castilla y León tras su paso por un dispositivo sanitario, la Comunidad aplicaría los protocolos de seguimiento establecidos y actuaría en función de los informes médicos emitidos. En caso de cuarentena obligatoria, añadió, podría incluso plantearse la necesidad de aval judicial si se limitasen derechos fundamentales como la libertad de circulación.
Asimismo, ha defendido que cualquier decisión debe estar guiada por criterios de salud pública, especialmente en un contexto en el que la ausencia de síntomas no garantiza la ausencia de infección.
La Junta de Castilla y León ha reiterado que permanece a la espera de las decisiones finales del Gobierno central y de la evolución del caso, manteniendo la disposición a colaborar en el seguimiento sanitario del ciudadano afectado y del resto de pasajeros españoles implicados.