El grupo municipal en el consistorio soriano reclama explicaciones sobre las adjudicaciones directas a entidades culturales. Los ediles advierten sobre posibles irregularidades al asumir costes de seguridad y logística que perjudican a las empresas locales.
La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Sara López, ha registrado un escrito para solicitar al equipo de gobierno un informe técnico sobre la reciente aprobación de ayudas a entidades culturales. La formación cuestiona el procedimiento utilizado en la última Junta de Gobierno Local, donde se acordó la entrega de 66.000 euros mediante adjudicación directa.
El grupo municipal sostiene que la organización de festivales musicales y de fotografía debería someterse a un procedimiento abierto. Según indican el Consistorio recurre a esta figura jurídica de forma continuada, una práctica que califican de "excesiva, abusiva y presuntamente fraudulenta".
Para la formación, estas concesiones directas de dinero público deben regirse por la Ley General de Subvenciones, garantizando la libre concurrencia de las empresas del sector en la provincia.
La edil explica que "utilizan los convenios de colaboración para todo, pero según el Art. 22.2.c de esta ley, su uso deber ser excepcional y no la norma habitual como ocurre en el Ayuntamiento de Soria en cada Junta de Gobierno Local".
López advierte que, si no se justifican debidamente estos acuerdos, los responsables municipales "esquivan la ley para repartir a dedo 66.000 euros". Por este motivo, han reclamado una memoria justificativa que acredite la singularidad de las agrupaciones beneficiadas frente a otras alternativas.
Además de la cuantía económica, Vox pone el foco en los medios materiales y humanos que el Ayuntamiento cede a los organizadores. La concejal detalla que existen "casos flagrantes donde el ayuntamiento asume costes de seguridad, limpieza y medios técnicos que deberían recaer en los organizadores".
Para esclarecer esta situación, el partido ha solicitado un informe de valoración económica de los servicios en especie prestados en dos de los acuerdos recientes. El objetivo es comprobar si la ayuda real supera los límites legales permitidos para la adjudicación directa.
"Si una asociación quiere hacer un festival, el ayuntamiento puede ayudar, pero no puede convertirse en su empresa de logística y seguridad gratuita pagada con los impuestos de todos", subraya López. La concejal añade que "estamos ante contratos de servicios camuflados de convenios para favorecer a asociaciones amigas, hurtando a las empresas sorianas la posibilidad de competir y trabajar".
La formación recuerda que el consistorio cuenta con un Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, impulsado tras una moción presentada por su propio grupo en noviembre de 2023. Sin embargo, denuncian que el equipo de gobierno no realiza el control preceptivo exigido por el documento.
La normativa interna obliga a cada departamento a elaborar una memoria anual de ejecución durante el primer cuatrimestre del año. Según los concejales, esta evaluación de objetivos e indicadores no se ha presentado ni en el ejercicio de 2025 ni en el actual 2026.
Ante esta situación, Sara López ha dirigido sus reclamaciones al recién investido regidor, Javier Antón. La edil recuerda que durante su toma de posesión "puso el foco en la honestidad y cercanía institucional, por lo que entendemos que podría empezar con una revisión de estos instrumentos de colaboración que suponen un uso excesivo, abusivo y presuntamente fraudulento de la concesión directa".
Finalmente, la representante municipal insta al primer edil a iniciar una etapa de regeneración y transparencia. "Debe abrir las ventanas, levantar las alfombras y someter estos convenios al rigor de la Ley de Contratos del Sector Público", concluye.