La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no prevé, por el momento, introducir detectores de frecuencia en las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), al no haber registrado casos de fraude tecnológico en convocatorias anteriores. La decisión contrasta con el endurecimiento de medidas en otras comunidades ante el avance de dispositivos cada vez más difíciles de detectar.
La Junta de Castilla y León descarta por ahora la implantación de detectores de frecuencia en la PAU. La decisión, confirmada por la Consejería de Educación a Soria Noticias, se apoya en la ausencia de incidentes detectados en convocatorias previas.
"Aquí no se han detectado problemas importantes como para tomar, de momento, medidas como los inhibidores de frecuencia", señalan desde Educación.
Los exámenes se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio y la Administración autonómica asegura que mantendrá la vigilancia para adaptarse en caso de que se registren situaciones de fraude.
El posicionamiento de Castilla y León contrasta con el de otras comunidades como Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón, que este año han optado por endurecer los controles en la Selectividad. El objetivo es frenar un fenómeno creciente: el uso de tecnología cada vez más sofisticada para copiar en los exámenes.
Entre las medidas adoptadas en estas autonomías figuran sistemas capaces de rastrear emisiones inalámbricas procedentes de dispositivos electrónicos ocultos, como detectores de frecuencia. Estas herramientas permiten localizar comunicaciones encubiertas, incluso cuando los aparatos están escondidos entre la ropa o dentro del oído.
El catálogo de dispositivos utilizados para cometer fraude se ha ampliado notablemente en los últimos años. A los nanopinganillos —prácticamente invisibles, hasta el punto de requerir un imán para su extracción— se suman relojes inteligentes, gafas conectadas o bolígrafos electrónicos. Todos ellos pueden servir como canal para recibir información desde el exterior del aula.
La irrupción de herramientas de inteligencia artificial (IA) añade una nueva capa de complejidad al problema. No solo facilitan la resolución de preguntas en tiempo real, sino que su integración en dispositivos discretos dificulta su detección.
El fraude se ve amplificado por la proliferación de tutoriales en redes sociales, donde decenas de vídeos con millones de visualizaciones explican el funcionamiento de estos sistemas, accesibles y fáciles de adquirir por internet.
El problema no se limita a los exámenes. El uso de estas tecnologías también afecta a trabajos académicos.
La Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria considera falta muy grave "plagiar total o parcialmente una obra, o cometer fraude académico en la elaboración del Trabajo de Fin de Grado, el Trabajo de Fin de Máster o la Tesis Doctoral". Asimismo, se entiende como fraude "cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo".
Las sanciones pueden incluir la expulsión de la universidad por un periodo de entre dos meses y tres años, medida que quedará reflejada en el expediente académico hasta su cumplimiento íntegro. También se contempla la pérdida parcial de derechos de matrícula durante un curso o semestre.
Castilla y León opta este año por una estrategia de prudencia y mantendrá el sistema convencional de vigilancia en las pruebas mientras no se detecten irregularidades, pero con la puerta abierta a introducir cambios si la evolución del fraude tecnológico lo exige.