La Sanidad pública en Soria afronta una nueva semana marcada por cancelaciones, suspensiones y aplazamientos de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones, tanto en Atención Primaria como en la especializada. Las movilizaciones, convocadas bajo el lema 'por un #estatutopropio', se retoman desde hoy hasta el viernes con concentraciones diarias a las puertas del Hospital Santa Bárbara y un acto final ante la Subdelegación del Gobierno.
La Sanidad pública de Soria afronta desde hoy la cuarta semana de huelga médica con un impacto ya visible en la actividad asistencial. Consultas aplazadas, pruebas diagnósticas suspendidas e intervenciones reprogramadas se acumulan tanto en Atención Primaria como en la Especializada, en un escenario que obliga a los usuarios a anticiparse, revisar sus citas y mantener un contacto constante con los centros sanitarios para evitar desplazamientos innecesarios.
El paro, convocado bajo el lema de 'por un #estatutopropio', entra en su fase final sin avances aparentes en la negociación. Las movilizaciones se reactivan esta semana con concentraciones de lunes a jueves a las 12.00 horas en la puerta del Hospital Santa Bárbara y una convocatoria el viernes a las 18.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno. Se trata, en principio, de la última semana del calendario previsto, aunque dentro del propio colectivo ganan peso las voces que plantean una huelga indefinida si no se produce un giro en las conversaciones.
Para los pacientes, la principal recomendación es verificar el estado de sus citas antes de acudir a consulta o someterse a una prueba. Las cancelaciones no siempre se comunican con antelación suficiente (el trabajador no tiene obligación legal de comunicar con antelación si hará o no huelga) por lo que se aconseja consultar telefónicamente o a través de los canales digitales de Sacyl. Los servicios de urgencias mantienen su funcionamiento habitual, si bien los profesionales insisten en un uso responsable para evitar una sobrecarga añadida en un contexto ya tensionado.
El conflicto tiene su origen en el anteproyecto de reforma impulsado por el Ministerio de Sanidad, rechazado por los facultativos al considerar que no responde a sus demandas laborales ni garantiza mejoras en la calidad asistencial. Tras varias reuniones sin resultados, el sindicato convocante, CESM, ha endurecido su posición y ha roto la interlocución con la ministra Mónica García, a la que acusa de falta de capacidad para reconducir la situación.
En su último comunicado, el sindicato CESM sostiene que el conflicto “ha superado el ámbito del ministerio” y reclama la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Argumenta que la ausencia de avances, el desgaste político de la ministra y la falta de decisiones efectivas evidencian, a su juicio, la necesidad de una interlocución “sólida y con capacidad real de decisión”.
Los representantes de los médicos defienden que sus reivindicaciones no responden a privilegios, sino a la necesidad de garantizar condiciones dignas para ejercer la profesión, con estabilidad y seguridad clínica. Insisten en que la negociación debe abrirse sin “líneas rojas” y con voluntad de alcanzar acuerdos que permitan avanzar hacia un estatuto propio para el colectivo.