Cerca de 300 personas se manifestaron este lunes 17 de diciembre en Soria para protestar contra la no revalorización de las pensiones y contra la ley de tasas judiciales del Gobierno. La convocatoria, hecha a través de la Cumbre Social de Soria, se ha desarrollado sin incidentes por el recorrido habitual desde la plaza Mayor hasta Mariano Granados, lugar este donde se han leído distintos manifiestos. Los jubilados fueron el mayor colectivo de los asistentes.
Así, la secretaria general de CC OO en Soria, Ana Romero, aseguró que con estas medidas "nos están imponiendo una ideología bajo la excusa de la crisis que no podemos aceptar", detallando en primer término que el no actualizar las retribuciones a los jubilados repercutirá en la economía de la provincia en "un todo" donde existen motivos para movilizarse contra los recortes. Por ello, detalló que serán 4,5 millones de euros los que dejarán de percibirse en Soria para 22.394 pensionistas que reciben unas retribuciones "bastante modestas" con una media de 765 euros, y de ellas el 27 tienen carácter mínimo. "Es un duro golpe otra vez contra los más débiles", añadió.
En el capítulo de las tasas judiciales, Romero aseguró que el acceso a la justicia sólo podrá ser ejercido "por los ricos", particularizando casos como el abono de 5.300 para reclamar a una aseguradora el pago de un accidente o "tampoco que tengamos que pagar 300 euros o más a una constructora para los daños en nuestra vivienda", entre otros puntos.
Por su parte, José Javier Gómez, secretario de la UGT en Soria, apuntó hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien dijo que como registrador de la propiedad "tiene asegurada una buena pensión, lo mismo que las que ha ido procurando a los banqueros". Un hecho por el que calificó al mandatario nacional de "insensible" por la pérdida de poder adquisitivo que supondrá esta medida en la masa de pensionistas, lo cual “unido a los nueve millones que no van a percibir los funcionarios por la paga extraordinaria será un golpe muy fuerte para el comercio y la hostelería”.
En cuanto a las tasas judiciales, Gómez explicó que la nueva ley ha sido adoptada “deprisa y corriendo” para introducir una política “retrógrada de antaño”. Igualmente aseguró que la tutela judicial efectiva es un derecho gratuito “no poniendo barreras para que sólo puedan acudir a al justicia los adinerados”. Por último vaticinó que 2013 será un año “de lucha permanente en la calle” aunque también reconoció que en esta ocasión la convocatoria no había sido tan “extraordinaria” como las celebradas en ocasiones anteriores que fueron mucho más multitudinarias.