En total, todos estos expedientes suman una cuantía de 89.500 euros. En el ejercicio anterior fueron 359.000 euros, un dato que contrasta con el año en el que se inició la crisis económica, 2007, cuando los débitos se cifraron en 30.244. A partir de entonces, las cantidades se han ido incrementando siendo 215.000 euros en 2008, o los 291.000 en 2011, hasta los 359.000 del año pasado.
Mínguez señaló en este punto que este tipo de consentimientos se realizan para intentar “aliviar las cargas” tributarias que padecen las empresas en estos momentos y para “avanzar en el cobro” de dichas deudas.