Antonio Hernández anuncia en Madrid su libro ' 600 sorianos represaliados por Franco'

Antonio Hernández García se define a sí mismo como un maestro soriano. Al lado del fallecido Gregorio Herrero Balsa, trabajó en el libro 'La represión en Soria durante la Guerra Civil', publicado en Soria en 1982. El libro que ahora se acaba de publicar es de alguna manera la continuación o ampliación de aquel, pero haciendo énfasis en las circunstancias históricas y en las personas concretas que sufrieron en Soria, debido a las represalias y el terror que generó el levantamiento fascista.
   El libro huye de números y estadísticas, y se centra más en las circunstancias personales y familiares de los represaliados, donde no solo hubo fusilamientos, sino que se añadieron sanciones económicas, inhabilitaciones y denuncias que en su mayor parte se estancaban por la saturación de trabajo en los tribunales nombrados para estas funciones.
   Hernández desvela detalles de cómo evolucionó la situación desde 1936 hasta 1966, que es cuando se declaró el indulto total de las sanciones. La responsabilidad represora fue primero provincial, luego pasó a regional en 1939 con sede en Burgos, para después traspasar su cometido a la Audiencia de Soria en 1942, evolucionando la dureza de las medidas tomadas al ritmo de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que hacían a Franco adaptarse a las nuevas circunstancias mundiales, hasta decretar en 1945 la caducidad de las leyes represivas.
   Antonio Hernández mencionó que se celebraba en la fecha del 9 de mayo el Día de Europa, en una Europa donde la raza latina son los criados de los poderosos arios, otra forma de dictadura que se impone similar, salvo enormes diferencias, a la que padecieron los sorianos citados en su libro.
   La disertación del conferenciante también descubrió a la audiencia detalles como que el Ministerio de Educación de Franco ya había sugerido que las formas utilizadas para la represión por denuncias y sanciones económicas, darían lugar a atascos en los tribunales que debieran aplicarlas; y así sucedió. Esto hizo que muchas multas no pudieran llegar a cobrarse, dada la escasa cuantía de las mismas o la inexistencia de bienes del represaliado.
   Otro aspecto que sacó a la luz fue el uso especial de los secretarios de los ayuntamientos, como cauce y origen de las denuncias, pues no habían sido cesados como sí lo fueron los alcaldes nombrados en la República, y tenían conocimiento de todas las personas y sus posesiones catastrales y económicas.
   Respecto a los curas de la provincia, Hernández señaló que fueron, en general, parte delatora de aquellos que no bautizaron a sus hijos, se casaron sin pasar por la Iglesia, o simplemente no contribuían con su parte al mantenimiento clerical. Las excepciones fueron aquellos sacerdotes que plantaron cara, y fueron el escudo de sus feligreses; o los que en la entonces Diócesis de Sigüenza recibieron indicación de sus superiores de no denunciar el comportamiento de sus fieles ante la autoridad civil.
   Acabó Antonio Hernández anunciando la preparación de un nuevo libro, que se centrará en las vivencias y represalias hacia los maestros en aquellas terribles circunstancias.