La Junta destinará a tal fin 145? para dar respuesta a las necesidades de más de 100.000 castellanos y leoneses.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto-ley que crea la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis y adopta un conjunto de medidas extraordinarias para dar una respuesta urgente, coordinada e integral a las nuevas situaciones de empobrecimiento que han ido surgido en los hogares de la Comunidad, prevenir la exclusión social y preservar la cohesión social en Castilla y León. Se trata de un proyecto respaldado por toda la sociedad. El Decreto-ley será remitido a las Cortes para su convalidación. Se prevé que esta Red pueda dar respuesta a las necesidades de más de 100.000 castellanos y leoneses -40.000 familias-. La Junta destinará 145 millones de euros a la Red en 2014.
El Gobierno autonómico ha decidido actuar de forma inmediata y elevar a rango de ley la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis, pese a que Castilla y León no es una de las comunidades autónomas con los datos más alarmantes de empobrecimiento; se crea este instrumento de vertebración, integración e interrelación de los 23 programas puestos en marcha para apoyar a las familias más castigadas por la crisis -configurándola como una Red de Responsabilidad Pública- donde la Junta de Castilla y León lidera y trabaja de forma coordinada con las corporaciones locales, el Tercer Sector y los empresarios.
Al mismo tiempo, se ha decidido adoptar medidas extraordinarias que sirvan para aliviar los efectos de la crisis en las familias de la Comunidad de forma urgente y ágil. Para ello, el Decreto-ley incorpora al catálogo de servicios que oferta la Comunidad un conjunto de servicios de respuesta inmediata que den cobertura urgente a las personas más vulnerables, como son el apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la distribución coordinada de alimentos o la previsión de un fondo de solidaridad con el objeto de garantizar que ningún castellano y leonés quede sin protección social. Junto a esto, el Decreto-ley establece unas reglas para agilizar el acceso a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y flexibilizar sus criterios.
El Decreto-ley, que consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y tres finales, da cumplimiento al decálogo de actuaciones que presentó el pasado 18 de noviembre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fruto del consenso de los grupos de trabajo que se crearon para articular la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. Recoge, asimismo, los compromisos alcanzados en el seno del Acuerdo del Diálogo Social del pasado 23 de septiembre e introduce mejoras derivadas del acuerdo político conseguido ayer entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto.
El texto del Decreto-ley, por tanto, recoge medidas dirigidas a que las personas y familias de la Comunidad más vulnerables puedan mantener su vivienda, tengan garantizada la provisión de alimentos y puedan acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Todo esto se complementa con la creación de un fondo de solidaridad.
El Decreto-ley incorpora el Servicio de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que ha atendido en un año a más de 1.400 castellanos y leoneses a través de las 30 oficinas que en colaboración con las corporaciones locales prestan este servicio en la comunidad. Además se incorporan dos nuevas medidas complementarias para evitar que las personas pierdan su vivienda.
La primera, una ayuda extraordinaria para hacer frente al pago de la hipoteca u otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual para aquellas familias que lo necesiten y tengan todos sus miembros en paro. En este caso, la ayuda será finalista, inembargable y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación. El importe máximo de esta ayuda será del 50 % del IPREM anual (3.195 euros en 2013). Esta prestación se concederá previo informe social elaborado por los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS), y servirá para pagar la cuota de la hipoteca, para hacer frente a gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario, a las cuotas vencidas de la hipoteca, al levantamiento de embargos de pequeña cuantía o para gastos extraordinarios de mudanza y alquiler. La percepción de esta prestación conllevará la realización de un proyecto individualizado de inserción y de planificación económica personal.
Y la segunda medida, la atención prioritaria a las situaciones de desahucio de una vivienda en régimen de alquiler. Aquellas personas que estén a punto de ser desahuciadas de su vivienda de alquiler y todos sus miembros de la unidad familiar estén en paro tendrán la condición de prioritarias a la hora de acceder a una prestación de urgencia social.
El Decreto-ley integra también en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública el servicio de distribución coordinada de alimentos. Una llamada al teléfono de información de la Junta 012 servirá para que se active un mecanismo único y coordinado de reparto de alimentos para cubrir las necesidades urgentes en menos de 24 horas en cualquier rincón de la Comunidad. Desde su puesta en marcha, ya ha atendido más de 2.000 solicitudes.
En relación con los niños, la Red Centinela de alerta infantil se incorpora a la Red de Protección como mecanismo de detección y respuesta rápida de posibles casos de desnutrición infantil que pudieran darse en la Comunidad.
Se crea, asimismo, el fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, como un instrumento de participación social, constituido por recursos de naturaleza dineraria y no dineraria, procedentes de la aportación voluntaria y no lucrativa que realicen fundamentalmente empresas, con destino a apoyar acciones coordinadas por la Administración de la Comunidad en coordinación con las entidades del tercer sector, y dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión social. Este fondo será adicional al presupuesto de la Junta.
El Decreto-ley, además, fija unas reglas de acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía con el objetivo de adaptarla a las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se aprobara por Ley en agosto de 2010. Estas reglas se concretan en cinco puntos.
El primero aborda la agilidad ante situaciones especiales como es el caso de aquellas familias que se encuentran en riesgo de impago de la hipoteca. La meta es actuar de forma previa a que se judicialice el procedimiento.
En segundo lugar se contemplan medidas para cubrir las necesidades de nuevos colectivos. El texto del Decreto-ley incluye unas excepciones en el cómputo del patrimonio y de los ingresos de los solicitantes de la prestación. Así, se excluye del cómputo los bienes de imposible venta y que, por lo tanto, no puedan convertirse en dinero para hacer frente a las necesidades básicas. En este caso se encontrarían determinados bienes inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las preferentes, que sean de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares.
También se prevén medidas de apoyo al empleo. El Decreto-ley marca como prioridad atender las necesidades urgentes de las familias, pero también darles oportunidades para que encuentren una salida laboral. Entre las medidas que incorpora destaca que, por un lado, la inscripción como demandante de empleo no será exigible para aquellos miembros de la unidad familiar o de convivencia que estén cursando una actividad formativa reglada o que sean cuidadores de familiares de personas dependientes beneficiarias de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Por otro, se pretende, además, incentivar la actividad laboral y que ser perceptor de la Renta Garantizada no sea nunca un obstáculo para buscar un empleo. Por ello, quedarán excluidas a la hora de computar el patrimonio aquellos ingresos procedentes de actividades laborales, desarrolladas dentro de un plazo de seis meses, cuyas retribuciones totales sean inferiores a 426 euros en ese periodo.
Junto a estos dos apartados, se recoge que como el objetivo fundamental de la Red de Protección es facilitar el acceso a un empleo, como fórmula más efectiva para la inclusión social, el texto aprobado hoy recoge el compromiso de que los planes de empleo de la Junta incluyan medidas extraordinarias dirigidas a la contratación de las personas más vulnerables, especialmente los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En el cuarto apartado se establecen medidas especiales para las personas más vulnerables. Los menores y las víctimas de violencia de género encuentran en el Decreto-ley un trato preferente por ser grupos especialmente vulnerables. De esta forma, el texto fija una garantía de atención a los menores. Para evitar que se dejen de abonar las pensiones compensatorias o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge, no se descontarán de la cuantía que le correspondiera de la Renta los fondos que tienen que ir destinados a hacer frente a ese pago.
Con la idea de aumentar la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, se agiliza el procedimiento para que puedan percibir la Renta Garantizada y se le considera como una persona independiente incluso antes de haber concluido los trámites de separación. Se excluirán del cómputo patrimonial, durante el primer año de percepción de la prestación, las viviendas de las víctimas de violencia de género cuando hayan tenido que abandonar su domicilio y residan en otro inmueble que no sea de su propiedad. Además, podrán solicitar la Renta aquellas víctimas de violencia de género que, habiendo vivido de forma independiente, regresen temporalmente al domicilio de su familia de origen.
En cuanto al control y seguimientoMedidas de control y seguimiento, además de flexibilizar, agilizar y ampliar esta prestación, se intensifican las medidas contempladas en la Renta Garantizada. Así, establece una limitación: en los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, el reconocimiento de la prestación exigirá haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.
Para intensificar el control, además, se denegará la prestación en el caso de que cualquiera de los miembros de la unidad familiar abandone el territorio de la Comunidad, salvo por motivos de trabajo, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas.
Con todas las medidas que introduce el Decreto-ley, la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis dará una respuesta urgente, eficaz, coordinada e integral a las nuevas necesidades impuestas por la situación económica actual. Castilla y León se convierte así en la primera comunidad autónoma en dotarse de un instrumento para atender en su conjunto a las personas más castigadas por la crisis.