Los presidentes de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, y en La Rioja, Javier Rubio, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Iñigo Nagore, y representantes de ambas organizaciones, en la que han participado el Presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez, acompañado del Vicepresidente José Antonio del Rincón y del vocal Restituto Nafría, mantuvieron una reunión de trabajo, en Tricio, en la que analizaron la repercusión que tendrán en la agricultura de ambas comunidades ciertas decisiones pendientes que afectan a cultivos muy significativos y a la economía de miles de agricultores. ASAJA solicitó firmeza a las administraciones para defender la rentabilidad y continuidad de dos de los cultivos más significativos en las dos regiones, el viñedo y la remolacha, que se pueden ver seriamente perjudicados.
Sobre la propuesta de la Comisión Europea de finalizar con el sistema de derechos de plantación de viñedo en 2018, ambas organizaciones ratificaron su posición contraria a esta decisión, porque sería nefasta para el sector. "Se produciría una deslocalización de la producción, además de una pérdida patrimonial para los agricultores, se abocaría a un incremento de la oferta y muy previsiblemente, descendería el precio de las uvas y de los vinos".
Respecto a las posiciones de la industria vitivinícola española y europea de trasladar la gestión de los derechos a las interprofesionales o a los consejos reguladores, Dujo y Rubio rechazaron esta fórmula porque supondría una liberalización encubierta de los derechos de plantación que acabaría teniendo las mismas consecuencias que la propuesta de la Comisión Europea.
El sector lo componen 18.000 agricultores en el caso de la DOC Rioja y 15.000 en las nueve DO de Castilla y León. Las consecuencias de una liberalización supondría pasar de las 64.000 hectáreas actuales a 200.000; y de los 288 millones de litros de vino, a 900 millones. En Castilla y León la superficie en las 9 DO ampara actualmente unas 72.000 has.
También en el tema del vino, revisaron las consecuencias que tendría para las denominaciones de origen tanto Rioja como las castellanoleonesas, el uso compartido de una misma marca de vino en diferentes regiones vitivinícolas. En este sentido, ASAJA en Castilla y León se sumó a la posición de la organización riojana de considerar que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que permite esta utilización, puede perjudicar la imagen de denominaciones de prestigio como éstas y generar confusión en el consumidor sobre el origen de los vinos. Las organizaciones confirmaron la necesidad de que los consejos reguladores garanticen la defensa de sus denominaciones, determinando la confusión y el perjuicio en cada caso individual.
Otro cultivo examinado fue el de la remolacha, de gran representación para la agricultura de ambas comunidades. En Castilla y León son 6.000 productores de remolacha que cultivan 31.500 hectáreas, mientras que La Rioja cuenta con 250 para cultivar una superficie de 1.275 hectáreas. También en este caso, las dos organizaciones se opusieron a la propuesta europea de eliminar el régimen de cuotas para 2016 porque supondría el fin del cultivo en España. Si se aprobase la actual propuesta, el mantenimiento del tejido productivo remolachero azucarero sería inviable porque los precios no lo sostendrían, además de que se reduciría el aprovisionamiento comunitario de este producto y el desabastecimiento de la industria.
Dujo y Rubio resaltaron que los extraordinarios datos de la última cosecha, en términos cualitativos y cuantitativos, avalan la continuidad de un cultivo que se ha modernizado en los últimos años a través de cuantiosas inversiones y que ha demostrado ser igual de competitivo que las explotaciones de otras zonas productoras de Europa.
Respecto a la propuesta de reforma de la PAC, ASAJA la consideró perniciosa para el campo español por constituir una amenaza para el mantenimiento del sector agrario. Como medida general, la organización considera prioritario, que la Unión Europea garantice un presupuesto suficiente para la PAC, y en segundo término que se aclaren los cultivos que se tendrán en cuenta para el Pago Único, así como que se apueste por el agricultor profesional, como el beneficiario de las ayudas.
Finalmente, las dos organizaciones examinaron también el sistema de cultivo de la patata en La Rioja, donde más del 80 por ciento de la producción se suscribe bajo contratos con la industria y tiene garantizada su venta. Castilla y León ha considerado esta fórmula muy favorable para proteger la renta del agricultor. En La Rioja se cultivan 2.000 hectáreas de patata y en Castilla y León 22.000 hectáreas de media en los últimos años.