De no ser así, sería la segunda ampliación del plazo después de posponer la fecha límite del pasado 28 de febrero al próximo 1 de julio mediante la publicación en el BOCYL del 10 de enero de 2012 de la Orden AYG/1616/2011.
Aunque no hay datos de lo que debe a día de hoy, se sabe que queda una parte muy importante por abonar de las “ayudas a zonas de montaña y desfavorecidas”, así como todas las correspondientes a la línea agroambiental de “agroecosistemas extensivos de secano” y la línea de ayudas al “asesoramiento de explotaciones”. Además, hay varios cientos de expedientes todavía en revisión administrativa que la Junta ni ha pagado ni ha denegado, y por tanto no ha dado al beneficiario la oportunidad de presentar alegaciones o recursos.
Este es el primer año en el que se produce un retraso tan sonado en el cobro de las ayudas de la PAC, circunstancia difícil de entender cuando estamos hablando de ayudas a la renta correspondientes a una campaña agrícola cuya recolección, en las principales producciones, se produjo hace casi un año, y cuando muchos subsectores, en particular los de la ganadería, atraviesan una severa crisis económica debida a los bajos precios de los productos y a los altos costes de producción. ASAJA considera que la Junta está siendo insensible con los problemas agroganaderos de Castilla y León además de poco diligente a la hora de efectuar el pago de unas ayudas que mayoritariamente provienen de otras administraciones como es la Unión Europea y el ministerio de Agricultura.
ASAJA sospecha que Agricultura está preparando una nueva normativa que derogue la Orden AYG/1616/2011 con el fin de aplazar pagos para después del próximo 1 de julio y agotar todas las posibilidades que le permiten los reglamentos comunitarios. De ser así, miles de agricultores y ganaderos tendrán que hacer unas nuevas previsiones de ingresos en un contexto de mala cosecha y con el grifo de la financiación de los bancos absolutamente cerrado.
Y, siendo esto grave, la mayor preocupación de ASAJA respecto a las ayudas está ahora en el sector remolachero, pues si bien la Orden antes mencionada reservaba una partida de los Presupuestos Generales de 2011 de 8.342.556 de euros para pagar en 2012 las ayudas a la remolacha de la pasada campaña 2011/12, lo cierto es que ese dinero no existe, no hay voluntad de pagar lo comprometido y además en los presupuestos de 2012 ya no hay consignación para ese cometido. Esta ayuda a la remolacha suponía el pago de 3 euros por tonelada de raíz entregada por cada cultivador de Castilla y León en las fábricas azucareras de la comunidad.