ASAJA no entiende la falta de coherencia política entre lo que se decide en Madrid y lo que se decide en Valladolid, máxime siendo ambos gobiernos del mismo partido político, pues no es lógico que mientras una administración sigue potenciando el seguro como la más importante medida de política agraria en clave nacional, en una autonomía como la de Castilla y León se abandonen todos los apoyos.
La retirada de las ayudas al seguro agrario y pecuario tendrá consecuencias muy negativas para las explotaciones al encarecer los costes, hará perder competitividad frente a otras explotaciones del país, y hará bajar drásticamente el nivel de aseguramiento, con lo que el agricultor volverá a estar al albur del clima y de las enfermedades animales. Es importante destacar que ha sido Castilla y León, una de las regiones más relevantes por el peso de su sector agropecuario, la única que por ahora ha retirado los apoyos al seguro agrario.
Dentro de las líneas de seguro agrario hay una que es obligatoria: la de recogida de cadáveres de animales en explotaciones. Esta obligación surge a partir de la “enfermedad de las vacas locas” cuando, entre otras medidas, se prohíbe el enterramiento de cadáveres y el abandono en el campo –muladares– para el aprovechamiento por los animales salvajes carroñeros.
Las empresas que se a dedican la destrucción de los cadáveres actúan en régimen de oligopolio con acuerdos de precios con la Junta de Castilla y León y la compañía Agroseguro, por lo que al no existir una libre competencia, los costes para el ganadero son enormes.
ASAJA considera que si el seguro es obligatorio ha de estar subvencionado, y que en este escenario que ha fijado la Junta lo que procede es que se autorice de nuevo el uso de muladares así como el enterramiento de los cadáveres –cumpliendo las normas de bioseguridad y bajo la responsabilidad del titular y la supervisión del veterinario de la explotación–.
ASAJA considera que en estas condiciones descritas, el enterramiento de los animales muertos es sanitariamente más viable que el actual sistema de recogida y transformación que, además de no ser sostenible ni económica ni medioambientalmente, supone un riesgo permanente de difusión entre granjas de enfermedades infecto contagiosas. Este problema de los costes de recogida de cadáveres afecta a todas las ganaderías pero es particularmente gravosa en las explotaciones intensivas de porcino, avicultura de carne y conejos.
La supresión de la subvención de la Junta incrementa los costes del seguro al ganadero en un 150 por cien en las especies de vacuno, ovino y porcino. Como ejemplo, una explotación de porcino en Soria de 350 madres en ciclo cerrado tiene a partir de ahora un coste adicional de 7.000 euros y si es una explotación de cebo de 4.000 plazas, un coste a mayores de 3.300 euros al año.
El sector ganadero atraviesa, en su conjunto, una crisis sin precedentes marcada por los bajos precios de la carne y la leche en un contexto de altos costes en los piensos y forrajes. La supresión de las ayudas a los seguros es un golpe más a este maltrecho sector que además se verá doblemente penalizado, ya que se ve afectado por dos líneas de seguros: el seguro de explotación contra riesgos de enfermedades, que es voluntario pero necesario, y el seguro de retirada de animales muertos, que es obligatorio.