ASAJA pide a la Junta de Castilla y León que modifique la normativa de recogida y destrucción de cadáveres de animales domésticos, para que sea considerado un servicio público y, por tanto, regulado por una concesión administrativa.
Con esta propuesta de ASAJA, se evitarían las consecuencias que está ocasionando la situación actual, tanto a los ganaderos como a las administraciones, al actuar las empresas autorizadas para dar este servicio en régimen de oligopolio. Actualmente, las empresas tienen repartido el territorio de Castilla y León y, por lo tanto, no hay libre competencia en el mercado, fijando unos precios por el servicio que son muy altos, lo que perjudica al ganadero, que tiene que asumir un mayor coste.
Pero no solamente perjudican al ganadero profesional, pues perjudican también a las administraciones -Junta y el Ministerio de Agricultura-, ya que al subvencionar el seguro que suscriben los ganaderos para recibir el servicio, el importe de esta subvención (y por tanto el gasto público) son mayores cuanto más altas son las tarifas que cobran las empresas.
Con la entrada en vigor del Plan de Seguros de 2013 se ha encarecido el seguro de recogida de cadáveres de diferentes especies, en particular el porcino y el aviar, ya que ha variado el importe de la subvención.
Ante los altos costes que está suponiendo para los ganaderos de estas especies, la mayoría de las gestoras que operan en diferentes territorios han reducido sus tarifas, pero en Castilla y León únicamente lo han hecho en Segovia.
De esta manera, los ganaderos de porcino de las otras ocho provincias de Castilla y León están pagando por la recogida de cadáveres casi el 22% más que los ganaderos segovianos, y además, la Junta y el Ministerio se ven obligados a aportar un 22% más de subvención, ya que está calculada sobre el coste de la póliza, de la que por cierto no se beneficia el sector.
ASAJA Soria, por razones de salud pública y sanidad animal, y en definitiva por razones de utilidad pública, cree que sería mejor que el servicio pasara a considerarse un servicio público, y se encargara la Junta de Castilla y León de darlo bajo concesión administrativa, adjudicando la recogida a la empresa que ofrezca los mejores precios y servicios para las nueve provincias.