El día 13 de Diciembre de 2012 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia por la cual declaraba nulo un artículo de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (Ley 1/2001) aprobada por el Gobierno Regional de Murcia en 2001 por la cual desprotegía 11.000 hectáreas de terrenos incluidos en el espacio natural catalogado como Parque Regional Cabo de Cope-Puntas de Calnegre.
Así, relataron que en 2011 el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, que en su día fue aceptado a trámite y que hoy, casi 12 años después, ha sido resuelto con el resultado de evitar la destrucción de un Espacio Natural por un Proyecto Urbanístico.
El Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucional este artículo “Los límites de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000”
Según indicaron desde la asociación ecologista, “este contenido aparente insignificante estaba expresamente incluido para que unos terrenos del citado parque regional fuera posible urbanizarlos”. En dicha superficie, y en función de lo detallado desde ASDEN, se había previsto la creación de un complejo hotelero y turístico “en una zona virgen de alto valor ambiental”. La superficie de ubicación contaba con más de 2.100 hectáreas de las que un millar serían destinadas a construir 9.000 viviendas y 20.000 plazas hoteleras. A lo que hay que había que añadir también cinco campos de golf de 18 hoyos, 10 campos de fútbol, campos de tenis, puerto deportivo con 2000 amarres, un velódromo, zonas comerciales, sanitarias y de ocio, entre otros proyectos.
Esta noticia “tiene una gran trascendencia para todo el territorio español, y en especial en Soria, donde el Proyecto Regional de la Ciudad del Medioambiente fue aprobado mediante una ley individual y exclusiva para poder urbanizar unos terrenos que estaban expresamente protegidos y catalogados como no urbanizables”, apuntaron los ecologistas. Un hecho que para ellos “vulnera claramente los principios legales de nuestra Carta Magna y del Derecho Español, y así lo entendieron los cincuenta diputados del Congreso que en el año 2007 presentaron un recurso de incostitucionalidad”.
Asimismo, señalaron que “este criterio ha sido compartido por numerosos académicos y expertos científicos y juristas; y ha sido esgrimido por ASDEN y otras asociaciones Ecologistas para oponerse a la Ciudad del Medioambiente”.
Por último aseguraron que “tanto Marina de Cope como la Ciudad del Medioambiente son el ejemplo de la burbuja inmobiliaria que ha asolado España durante una década”, añadiendo que “por desgracia” las declaraciones hechas desde el Gobierno murciano de tras la publicación de la sentencia del TC “así como las que periódicamente realizan los responsables provinciales y autonómicos de Castilla y León expresan que su prioridad no es resolver los problemas económicos y sociales de sus ciudadanos, sino consolidar un modelo inmobiliario que ha llevado a la ruina a España y a todos los españoles”.