El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha participado este lunes 22 en la Conferencia Sectorial de Vivienda convocada por el Ministerio de Fomento para avanzar en el nuevo modelo de política de vivienda basado en el alquiler y la rehabilitación del Estado que coincide plenamente con las acciones en las que está trabajando la Junta de Castilla y León.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha destacado la coincidencia en las políticas de vivienda del Ministerio de Fomento con las que está desarrollando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en esta legislatura. Silván ha señalado que la Junta de Castilla y León ha trabajado ‘estrechamente’ con el Ministerio en el diseño y planificación del Plan Estatal de Fomento del Alquiler, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas en lo que se refiere al "impulso del alquiler y el esfuerzo en la regeneración urbana". "Prueba de nuestra aportación es el título del Plan que incluye estos dos objetivos esenciales para la Junta de Castilla y León".
La Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada esta mañana es la primera que tiene lugar tras fijar el marco general del nuevo modelo de vivienda en España. Tras aprobarse la normativa estatal (que incluye el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de viviendas, Rehabilitación Edificatoria y Regeneración y Renovación Urbana, la Ley de medidas para reforzar a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana), el Ministerio de Fomento ha convocado esta reunión para analizar, entre otros asuntos, los criterios básicos para el reparto posterior del presupuesto del Plan Estatal relacionado con la subsidiación de préstamos, ayudas al alquiler, fomento del parque público de viviendas de alquiler, fomento de la rehabilitación, y de las ciudades sostenibles.
Tras la fijación de los criterios básicos está previsto fijar el volumen de objetivos por cada programa y cada comunidad autónoma y firmar los oportunos convenios bilaterales para la ejecución del Plan Estatal.
MEDIO RURAL
Respecto al Plan Estratégico para la Rehabilitación y Eficiencia Energética de la Edificación, se ha acordado crear un grupo de trabajo entre el Ministerio y las comunidades autónomas para su desarrollo teniendo en cuenta las circunstancias y peculiaridades de cada una de ellas. En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha pedido que atienda no sólo a los ámbitos urbanos sino también al medio rural recordando que el territorio de Castilla y León abarca un amplio abanico desde las periferias urbanas hasta la rehabilitación de las poblaciones en el medio rural. Por este motivo, Silván ha pedido el mantenimiento de las políticas de vivienda en el mundo rural como instrumento esencial para sostener el tejido empresarial en nuestros pueblos y para el mantenimiento de la población.
Antonio Silván ha puesto como ejemplo los Aris (Áreas de Rehabilitación Integrada) con más de 50 actuaciones puestas en marcha en el último decenio y como modelo de "éxito social" pues ha permitido mantener empresas en nuestros pueblos.
En este sentido, Antonio Silván ha recordado los objetivos de la política de suelo y vivienda de la Junta de Castilla y León: el fomento del alquiler, el impulso de nuevas actividades económicas y de generación de empleo en el sector de la construcción a través de la rehabilitación y la coordinación de las políticas. Mediante estas premisas y objetivos esenciales, las iniciativas de vivienda y suelo se despliegan en torno a la rehabilitación, renovación, reciclaje, recuperación y regeneración.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha tenido la oportunidad de trasladar a la ministra de Fomento las medidas urgentes en materia de vivienda anunciadas por el Presidente de la Junta en el último debate de política general y que se aprobarán de forma inmediata este verano. Este paquete de medidas pretende atender a la situación de especial dificultad sobrevenida que atraviesan muchos ciudadanos de Castilla y León para ejercer su derecho a una vivienda digna y adecuada.
Estas medidas pretenden dar una respuesta global y activa desde la política de vivienda en apoyo de las personas y familias más perjudicadas por la crisis contribuyendo a la superación de las consecuencias de la situación económica y social que atraviesa la Comunidad. Se establecen cuatro ámbitos de actuación: fomento del alquiler social, movilización de las viviendas protegidas de titularidad pública, medidas para la salida al mercado de las viviendas protegidas de titularidad privada y una nueva regulación general del régimen legal de las viviendas protegidas.
En lo que se refiere a las medidas de fomento del alquiler social, que complementan las estatales, se pretende generar un programa de intermediación pública para facilitar las ayudas al alquiler, y regular los parques públicos de alquiler social para los que se reservará el 30 % de las viviendas de promoción pública.
En cuanto a las medidas para la movilización de las viviendas protegidas de titularidad pública, con el firme compromiso de ayudas a los sectores sociales más afectados, se pretende conceder moratorias en el pago de las cuotas de compra y alquiler, se ofrece la amortización anticipada de la vivienda con una rebaja sustancial del precio de compra, se busca reducir el precio de las viviendas sin adjudicar y reservar viviendas desocupadas para atender a quienes estén ya en riesgo de exclusión social.
En el apartado de medidas para la salida al mercado de las viviendas protegidas de titularidad privada, con el fin de dar solución urgente al stock de viviendas acumulado, se establecen iniciativas para hacer más accesibles las viviendas a grupos más amplios de población. Entre esas medidas cabe señalar la adaptación del precio a la situación actual y la flexibilización de los requisitos de adquirentes y arrendatarios.
Finalmente, se prevé una nueva regulación general del régimen legal de las viviendas protegidas solucionando el vacío normativo por la ausencia de regulación al respecto en el nuevo Plan Estatal y, adaptándolo al nuevo contexto socioeconómico ya que la ausencia de incentivos económicos deja sin justificación la simétrica exigencia regulativa que ahora dificulta la venta de las viviendas construidas así como la planificación y construcción futura de otras viviendas. Para ello, se simplifica el proceso de calificación de las viviendas y los procesos de selección de adjudicatarios y se incluye entre los colectivos de especial protección a quienes estén en riesgo de desahucio, a quienes habiten viviendas en ruina o sin requisitos mínimos de habitabilidad y a aquellas familias con todos sus miembros activos en paro.
ARRENDAMIENTO
También ha sido objeto de debate la necesidad de generar un censo de contratos de arrendamiento de vivienda, previsto en la Ley de Medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler, con el fin de complementar y ampliar la información sobre el mercado de alquiler de la que dispone el Ministerio. Además, se ha planteado la necesidad de generar un registro nacional de viviendas protegidas pendientes de adjudicar y de aquellas adjudicadas sin uso. En este sentido, cabe recordar que en Castilla y León se realiza un control por el personal de los Servicios Territoriales de Vivienda que puede derivar en expediente sancionador.